La ampliación de la zona de bajas emisiones, contemplada en la Ley de Cambio Climático, conllevará también un incremento en el número de cámaras que controlarán las posibles infracciones. Si en un principio estaba previsto instalar quince objetivos, ahora serán 41 repartidos tanto en los accesos del perímetro del área como en el interior de la misma. Se trata de lectores de matrícula, que permiten conocer de forma inmediata el distintivo ambiental que corresponde a cada vehículo.
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A partir de ahí, se tramitará la multa correspondiente. La edil María Sánchez avanzó que su departamento trabaja ya en la ordenanza que regulará esta superficie restringida y que incluirá la cuantía de las sanciones, todavía pendientes de fijar.
«Hemos planteado un calendario escalonado, con plazos amplios, para que la ciudadanía vallisoletana pueda ir adaptándose. Entendemos que es importante combinar la ambición en materia de salud pública, con un plan que reduzca muy significativamente la contaminación y que a su vez no sea brusco y tenga en cuenta a la ciudadanía», recalcó la concejala de Medio Ambiente. Óscar Puente abundó en los beneficios de esta implantación obligada por ley con la que se busca «cuidar y proteger la salud» de los vecinos de la capital.
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