Una denuncia de UGT obliga a la presidenta de la patronal CEAT a contratar a 56 falsos autónomos

Lo cierto es que la intervención de los inspectores a instancias de una denuncia planteada en marzo del pasado año por la Federación de empleados de Servicios Públicos (FeSP) de UGT de Valladolid, ha provocado que estas 56 personas hayan firmado un contrato mercantil con la Escuela Superior de Diseño. Hasta entonces, los profesores facturaban solo las clases impartidas y cotizaban a la Seguridad Social en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, aun cuando muchos de ellos tenían una relación laboral estable desde varios años atrás.

Según manifestó el secretario de Política Sindical, Industrial y Empleo de UGT Castilla y León, Raúl Santa Eufemia, el sindicato «ha estado ocho meses protegiendo a la plantilla y defendiendo sus derechos». «Nuestro único objetivo ha sido siempre el mantenimiento de la actividad empresarial, pero con un comportamiento legal y responsable con sus trabajadores».

Según insistió, en su recurso a la Inspección de Trabajo, UGT evitó presentar una denuncia de falsos autónomos «sobre todo por respeto a los trabajadores y para evitar el cierre de la empresa». «Se tratataba de reconvertirles y no de provocar un entierro», resumió Santa Eufemia.

La de falso autónomo es una forma encubierta de trabajo asalariado que supone un fraude de ley en la contratación por parte de algunos empresarios, que obligan a estos empleados a darse de alta como trabajadores por cuenta propia para ahorrarse costes de la Seguridad Social y posibles indemnizaciones.

Precisamente el Ministerio de Trabajo mantiene abierta desde antes del pasado verano una campaña de lucha contra esta figura laboral, que incluye el envío de decenas de miles de cartas a empresas y autónomos en las que les comunica que ha detectado irregularidades en el modelo de contratación que han establecido con su trabajadores y les advierte de que tienen un mes de plazo para regularizar esas relaciones laborales. Han aflorado en España por esta vía cerca de 12.000 empleos asalariados, según dijo en octubre de 2018 el presidente del Gobierno en una respuesta parlamentaria.

Este no es el caso que nos ocupa, según sostiene la directora de ESI y presidenta de CEAT, quien defiende «un modelo de relación laboral que se basa en profesionales independientes que, aparte de su actividad laboral, imparten unas horas de clase en las asignaturas de las que son expertos». «Tras una reunión con el inspector, éste nos manifestó que no se trataba del modelo más adecuado y que debíamos cambiarlo por otro con contratos mercantiles –añadió Hernández–, cosa que se hizo y ya es un asunto solucionado».

Según la empresaria, «ha quedado demostrado que en ningún momento existió intención de pagar menos o de defraudar», ya que después de la transformación, «el coste por trabajador para la escuela es el mismo». «Hemos renunciado a pleitear con la Inspección de Trabajo –señaló– y hemos reconvertido los contratos pese a que algunos profesores, profesionales en activo, no han querido aceptar el cambio por no convenirles y se han marchado». Para Hernández, UGT pretende «apuntarse un tanto al presentarse como abanderado de una causa que no existe».

Santa Eufemia, mientras, se remite a los hechos. «Pese al tacto con el que hemos tratado de actuar, la empresa apenas ha colaborado –aseguró–. Tratamos de buscar la manera de que materializasen la reconversión contractual de forma voluntaria, pero hicieron falta dos inspecciones por sorpresa en la sede de la escuela, tras sendas denuncias exprés, en las que fueron descubiertos seis trabajadores sin contrato y se cursó la correspondiente sanción».

«Los sindicatos no estamos para llenar los juzgados de denuncias sino para negociar con los empresarios, continuó el dirigente de UGT, quien destacó el papel jugado por la Confederación Vallisoletana de Empresarios, a la que recurrieron «para que presionase a Hernández para corregir la situación». «Valoramos que la CVE se haya 'remangado' en este caso, pero creemos que no se merece unos asociados que no tienen su casa en orden, algo aún más impresentable cuando se trata de una dirigente de la patronal» (CEAT está adscrita a Cecale), concluyó.