Valladolid

Una defensa cada 54 fallecidos: el juez del 'caso ataúdes' pide reagrupar las acusaciones particulares

En un auto remitido por los magistrados a las partes el pasado 26 de marzo y tras dar traslado de una providencia en diciembre para escuchar sus posiciones y argumentos, la Sección Cuarta ha decidido imponer su criterio ante la negativa de la mayor parte de las representaciones que han dado respuesta, una veintena. Consideran de aplicación el artículo 109 de la ley de enjuiciamiento criminal, que permite acordar su reagrupación ante el «alto número de perjudicados y acusaciones personadas», justificada en la «confluencia de todas las acusaciones en un mismo interés». Con ello, defienden, «se modula su ejercicio - el derecho de defensa y asistencia letrada- en atención al interés general», además de favotrecer «la igualdad y el equilibrio entre todas las partes, acusadoras y acusadas».

Acogiéndose al número de representados de la acusación mayoritaria, que defiende los intereses de 60 perjudicados, la sala ha dado un plazo de 15 días a las partes interesadas - que vencerá el próximo 10 de abril - para que se conforme una misma defensa por cada 54 difuntos o que se integren voluntariamente en la acusación más numerosa. De no alcanzarse el número mínimo fijado, se acumularán las personaciones que no reunan lo establecido en la que aúne un mayor número fallecidos, aclara el auto judicial.

La Operación Ignis, que dio comienzo en 2017 a raiz de que la familia Morchón, propiedad de la empresa funeraria, denunciara al empleado que destapó la trama por extorsión, Justo Martín, -que apareció en agosto del pasado año ahorcado en el patio de su vivienda- concluyó en enero 2019, con un registro en las instalaciones de El Salvador y la detención de el cabeza de familia - fallecido en 2022 - y dos de sus hijos. El exempleado del crematorio había documentado de forma manuscrita, con fechas, nombres y centenares de fotos de los difuntos, los presuntos intercambios de los ataúdes, para chantajear al entonces titular del negocio, Ignacio Morchón Alonso, si no cedía a complementar su pensión de jubilación y a dar trabajo a su hijo.

La investigación policial dio paso a una fase de instrucción que se extendió durante seis años, concluida en febrero de 2024 con la apertura de juicio oral contra 24 acusados, que se enfrentan a los delitos de constitución o pertenencia a organización criminal, estafa, apropiación indebida, contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad documental por una veintena de hechos investigados por el supuesto fraude del 'cambiazo' de 5.997 féretros, valorado en 3,6 millones de euros, que tuvieron lugar entre 1995 y 2015.

En ese tiempo, según consta en el auto de 278 folios que ponía fin a la investigación de la instructora, «se instauró por la empresa la sustracción sistemática» de los ataúdes de los fallecidos antes de la incineración, «sustituyéndolos por otros de peor calidad, tapas de féretros, cajas de restos e incluso por meros sudarios para la cremación de los cadáveres». Todo ello con el fin de «reutilizar los féretros revendiendolos, con el consiguiente beneficio económico». También se sustraían coronas, centros y ramos de flores para colocarlos a los nuevos clientes.

Por estos hechos la Fiscalía ha solicitado mediante el escrito de calificación provisional penas que suman un total de 206 años de cárcel. Las condenas más elevadas se solicitan para la viuda del magnate funerario fallecido, María del Rosario V. L., y sus hijos Ignacio, Laura y María del Rosario Morchón, a razón de veinte años de cárcel para cada uno de ellos, junto con su inhabilitación para la prestación, directa o indirecta, de servicios funerarios por espacio de tres décadas y el pago de multas por importe de 12 millones de euros.

Respecto al resto de trabajadores investigados, una veintena, las penas oscilan entre los nueve y los dos años de cárcel. Así, la acusación pública interesa nueve años de prisión para cuatro de los encausados, seis y medio para otros nueve, cinco años de privación de libertad para otros cuatro empleados más y dos años para otro de los supuestos implicados. El Ministerio Público había solicitado también una de pena de seis años de prisión para el ya fallecido trabajador del grupo que chantajeó al propietario de la empresa fúnebre y a partir del cual la policía 'tiró de la manta' para el esclarecimiento de los hechos.