Decenas de conductores extranjeros esperan hasta seis meses el canje de sus carnés sin poder trabajar

Esta especie de trampa de citas previas, organismos con plazos y requerimientos que chocan entre sí y trámites administrativos en serie mantiene a decenas de conductores latinoamericanos en un limbo que no esperaban cuando comenzaron el proceso en sus países de origen. También retiene a un número indeterminado de empresas en estado de exasperación. María Victoria González tiene en este momento más de sesenta personas, unas aquí y otras allí, pendientes de comenzar a trabajar y ocupados en ir superando una serie de pasos que incluyen canjes de carnés de conducir, certificados de aptitud, exámenes y la concesión de tarjeta del tacógrafo.

«Participamos en la contratación de trabajadores agrícolas, de albañiles y conductores de diversos países de Latinoamérica y, mientras los dos primeros grupos empiezan a trabajar nada más llegar a España, en el caso de los conductores profesionales son necesarios unos requisitos en los que la agilidad brilla por su ausencia», explica González, gerente de Grupo Lagon. Para venir a emplearse como profesional del transporte por carretera es preciso recorrer un rosario de etapas que llegan a prolongarse durante más de un año en la mayoría de los casos.

La situación deja víctimas en ambos bandos, el empresarial y el del empleado. «Al final, por culpa de asuntos como éste, las empresas sufrimos unas dificultades añadidas e innecesarias que nos hacen ser poco competitivas y que, lamentablemente, tienen como responsable a la Administración», señala José Ángel González, propietario de Transportes Boada. Tiene una docena de camiones nuevos que ha comprado a razón de 225.000 euros cada uno y una plantilla de 55 conductores. Necesita más y ha contratado a cinco extranjeros. Están esperando.

La patronal del transporte lleva meses alertando sobre la falta de conductores profesionales y sus consecuencias, con los problemas de desabastecimiento de productos y mercancías que se han vivido en países como el Reino Unido. Fenadismer cifra en 10.000 el déficit de camioneros que tiene el sector, lo que se traduce en unos 500 en el caso de Castilla y León. Y, sin embargo, este oficio en el que los españoles no quieren trabajar, se convierte en algo parecido a una prueba de obstáculos para quienes sí desean desempeñarlo, pero son extranjeros.

Para poder traer a España un trabajador extracomunitario (excepto de Perú y Chile) es preciso que el Servicio Público de Empleo (SEPE) dé su visto a bueno a la operación, tras comprobar que hay vacantes pero no demanda por parte de los parados. «Un mes, más o menos», apostilla Victoria González. A continuación, con los certificados de salud y penales pertinentes, se cursa la solicitud en el Consulado español («otros tres meses»).

En el momento en que se obtiene el visado, comienza a correr un plazo de tres meses para comenzar la actividad laboral. Pero el plazo de la Seguridad Social va de contratos y cotizaciones y se entrecruza con los plazos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

«Los conductores llegan con un permiso internacional que les habilita para conducir, pero no vehículos de carga», señala la responsable de la gestoría situada en Laguna de Duero. «Pero necesitan el canje de la licencia, para lo que es necesaria una cita previa que o bien no está disponible o bien se otorga a cuatro o seis meses vista. Se trata de un problema que, asegura, se repite en toda España y que incluso obliga a las empresas a cumplimentar el trámite en delegaciones de la DGT de otras provincias. «Vamos repasándolas una por una para ver cuáles sí dan cita, o en cuáles hay menos tiempo de espera», comenta.

Durante todo este tiempo, el trabajador tiene que tener contrato, pero no puede trabajar. Ni de conductor ni de ninguna otra cosa, ya que solo tiene permiso para ser eso. A la vez, las empresas tienen que facilitar la obtención de una vivienda para los recién llegados. «Procuramos llegar a una especie de convenios con ellos -señala José Ángel González- como rebajar el alquiler, o las horas del contrato, o pactamos adelantos de la paga... Y también les animamos a que aprovechen para estudiar o formarse mientras tanto».

El itinerario burocrático no termina con el canje del carné («entre tres y seis meses, con una media de cuatro en Valladolid», señala Victoria), sino que sigue con el examen de conducción en la DGT para quienes no han traído el internacional. «Si lo suspenden, bien pueden tirarse un año entero sin trabajar», advierte. A continuación entran en escena el Certificado de Aptitud Profesional (CAP), que es un curso de 35 horas formativas; y la obtención de la tarjeta de tacógrafo («entre dos y tres semanas más»).

La gestoría lagunera ha traído en años anterior a medio centenar de conductores de países como Brasil, Colombia, Perú, República Dominicana o Bolivia. Trabaja con empresas de transportes de Valladolid, Segovia y Navarra y en su nómina de clientes tiene al menos media docena de firma afectadas. «¡Cómo puede una empresa estar ocho meses pagando a una persona por no hacer nada!», se pregunta José Ángel González. «Es una situación muy penosa para el empresario y también para el trabajador. Y es lamentable que los ciudadanos cumplamos con las leyes y paguemos nuestros impuestos mientras las administraciones hacen cada una lo que quiere», añade.

Tantos meses de espera, describe, terminan en algunos casos por ocasionar trastornos añadidos. La inactividad y la frustración deviene en estrés, nervios y suspensos en el examen. Lo que supone esperar más meses para el siguiente.

Las apelaciones que los gestores administrativos han hecho llegar a la DGT para que agilice los plazos y establezca una canal de citas propio para el canje de licencias no han dado resultados. Desde la delegación vallisoletana de Tráfico eluden comentar si el alargamiento de los plazos es excesivo y, mediante una respuesta escrita, señalan que «la solicitud de cita no se circunscribe al ámbito de cada provincia, sino que puede efectuarse a nivel nacional en cualquier Jefatura Provincial u Oficina Local de Tráfico, por lo que los tiempos de espera de solicitud son variables». «Los trámites del Certificado de Aptitud Profesional-CAP y tacógrafo», puntualizan, «son competencia de la Junta de Castilla y León».