Los daños por el incendio en la sede que la empresa vallisoletana Ambuibérica tiene en Arrigorriaga (Vizcaya), ocurrido el pasado 12 de mayo, superan el millón de euros.
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Un fuego provocado, considerado por fuentes de la investigación como un acto de sabotaje, y que ocasionó ... daños en 35 vehículos ambulancia con los que la empresa pensaba operar en esa provincia tras ser adjudicataria del servicio de transporte público no urgente de enfermos, en este caso de pacientes en proceso de rehabilitación, consultas y traslados domiciliarios por altas hospitalarias.
El suceso ocurrió justo en la madrugada del sábado 12 de mayo cuando entraba en vigor esta adjudicación, que había sido gestionada durante más de 20 años por la empresa Ambulancias Bizkaia.
Mientras que la Ertzaintza mantiene abierta la investigación sobre lo sucedido en el polígono industrial Atxukarro, en Arrigorriaga, que podría dar sus frutos próximamente, la compañía vallisoletana ha evaluado los daños que superarían el millón de euros, no solo por los vehículos afectados sino también en las instalaciones.
Las 35 ambulancias incendiadas fueron sustituidas por otras procedentes de su flota de más de 3.000 vehículos con que cuenta Ambuibérica en toda España.
En ese importe no solo se incluyen los vehículos quemados, con dos y tres años de antigüedad como se pedía en las bases de contratación, sino también del material sanitario no asistencial, como eran los desfibriladores automáticos.
Fuentes de la investigación reseñaron que los perjuicios por esta actuación podrían haber sido mucho mayores de haber explosionado el segundo de los artefactos incendiarios que fueron lanzados esa noche. En este caso, cayó a las puertas de la entrada de la nave sin explotar.
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Ambuibérica tenía contratado un vigilante de seguridad en su sede como medida de vigilancia, al disponer de una elevada concentración de vehículos con los que realiza el transporte sanitario urgente para otras zonas de Vizcaya y Guipúzcoa.
A raíz de lo sucedido esa noche, la empresa vallisoletana ha decidido instalar también cámaras de vídeo vigilancia, como ya tiene en otras de sus bases. Fuentes de la compañía consideran lo sucedido como «un incidente aislado» que no tiene nada que ver con las condiciones de la adjudicación «puesto que desde el punto de vista laboral el contrato establecía la obligación de la nueva empresa de asumir a todos los trabajadores de la anterior concesionaria».
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La plantilla de esa empresa (unos 360) estaba negociando el nuevo convenio. El Gobierno Vasco expresó su preocupación y condenó este sabotaje calificándole de «intolerable».
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