Cuatrocientas voces claman por un aborto gratuito, público y equitativo

Por ello, Valladolid reunió este sábado a unos cuatrocientos manifestantes, según cifras consultadas, que llenaron el centro de Valladolid, con un recorrido por las principales ocho calles y plazas, para reclamar un «aborto libre y gratuito». La inmensa mayoría eran mujeres pero no faltaron hombres a la cita. La protesta acompañada de grandes pancartas con letreros como 'Vivas, libres y unidas por la igualdad' o 'Defendamos lo conquistado, no volvamos al pasado' partió de Fuente Dorada hacia las 12:30 y terminó en la Plaza Mayor que acogió la lectura del manifiesto, algo más de una hora y media después.

Bajo gritos clásicos como 'Nosotras parimos, nosotras decidimos' u otros menos habituales como 'Asesinos son ustedes, las que mueren en abortos clandestinos son mujeres' o 'Dónde están no se ven, las que abortan del PP', el movimiento feminista arremetió contra los partidos de derechas –con un estruendosa y larga pitada al pasar por la sede de VOX en la vallisoletana calle Santiago– y contra la religión bajo el repetido cántico de 'Fuera rosarios de nuestros ovarios' y carteles que invitaban a la Iglesia a alejarse de sus reivindicaciones.

Y es que, defendía Ana Vicente, portavoz del Movimiento Feminista de León, principal promotor de la movilización, «los gobiernos de la ultraderecha son una amenaza» y de «poco sirve legislar si no hay un derecho efectivo a abortar» en la Sanidad pública de todas las provincias de la comunidad y mostró su preocupación ante las «amenazas de limitar las libertades sexuales y reproductivas».

En Castilla y León, la principal reivindicación se basa en reclamar que las nueve provincias tengan cubierta este tipo de asistencia y en Sacyl, dado que, por el momento, los abortos «solo se realizan en Valladolid y Burgos, por lo que las mujeres que quieren interrumpir su embarazo en la Sanidad pública sufren dilaciones y obstáculos injustificables bajo cualquier punto de vista, además de tener que desplazarse hasta 600 kilómetros en un día cuando finalmente se les da cita para abortar si por ejemplo viven en El Bierzo».

Destacó asimismo Ana Vicente que el 25% de las mujeres de la comunidad viven en pueblos y el 40% tiene problemas económicos, no es autónoma como para pagarse los gastos de viaje». En cuanto a la objeción de conciencia, señaló que «es respetable pero hay toda una estructura organizada, que se construye para poner trabas a que un médico lo practique en la pública y ese es el problema de fondo. Así que la mayoría tiene que recurrir a la privada, se informa en la pública y termina haciéndolo en la privada».

Por su parte, Cándida Barroso, de la Comunidad Valenciana, fue más allá y reclamó, aunque reconoció que era una postura más personal, que si un ginecólogo no quiere practicar abortos, que está en la certera de servicios, no pueda trabajar en ese hospital público».

Los grupos feministas reclamaron, según recogía el manifiesto que cerró la protesta, «que la Sanidad pública sea la depositaria de las interrupciones voluntarias del embarazo practicadas» como corresponde «a un plan integral de atención a las mujeres, en el cumplimiento de los derechos de estas en lo referente a su salud sexual y reproductiva». También arremetió contra la Junta y, en particular, contra el vicepresidente, Juan García-Gallardo, por el reciente intento de modificar el protocolo y criticaron que en Castilla y León, solo haya «tres centros privados acreditados, uno de ellos concertado, para la realización de interrupciones voluntarias del embarazo y que Burgos sea la única provincia en la que se puede abortar en el sistema sanitario público. Ávila, Palencia, Segovia, Soria y Zamora no disponen de ningún centro por lo que las mujeres se tienen que desplazar a otras provincias o a otra comunidad.