Consumidores y empresarios coinciden: el arbitraje es muy útil

Es útil y evita la vía judicial. Coincidencia plena entre consumidores y usuarios y empresarios y profesionales, las dos partes que se sirven de la Junta Arbitral de Consumo del Área de Innovación, Desarrollo Económico, Empleo y Comercio del Ayuntamiento de Valladolid para solucionar sus discrepancias. El ciudadano puede acudir sin desembolsar cantidad alguna a este servicio municipal, que está en funcionamiento desde hace más de 25 años para dirimir las controversias que generan los actos de consumo.

Es el sistema arbitral de consumo que resuelve desacuerdos con el uso de esta vía extrajudicial. «Es muy útil para eludir el juzgado», sentencia Emilio Rojas, asesor jurídico de la Asociación Vallisoletana de Comercio (Avadeco) quien resalta que «el sistema viene muy bien a los empresarios, que los problemas se encaucen por ese conducto, sin perjuicio de que alguien desee no utilizarlo». «Hay libertad absoluta y un porcentaje muy alto se adhiere a este sistema de arbitraje, que es algo que se realiza a título individual», añade.

Emilio Rojas valora que la vía arbitral municipal es «gratuita y el único gasto puede ser cuando se necesita un peritaje, aunque la Junta Arbitral de Consumo suele acordar de oficio que el asunto se someta a la opinión de un perito, sobre todo en los casos de reclamaciones a tintorerías, que son bastantes».

Los conflictos que se arbitran no son todos porque queda a la libre disposición de las partes someterse o no al sistema. «Es eficaz y debería respaldarse más», reflexiona el asesor de Avadeco, que lanza una idea: cobrar una cantidad simbólica de costas a quien utilice esta vía extrajudicial de una manera inadecuada. «Podía cobrarse algo y luego donarlo, porque a veces son reclamaciones descabelladas y de muy poca cuantía;la maquinaria de la Junta Arbitral de Consumo cuesta dinero entre otras cosas porque hay que pagar a los árbitros», explica.

En el procedimiento arbitral los empresarios o profesionales tienen la opción de formular reconvención, que es una suerte de contrademanda contra la reclamación principal del consumidor. Rojas resta importancia a esta herramienta «porque lo que quiere el empresario es resolver el asunto y no hay ánimo de usar este mecanismo». «Lo importante–agrega– es que el sistema arbitral alivia trabajo a los juzgados al evitar los monitorios, que son muchos; así su utilidad está fuera de toda duda».

La solución de la controversia «suele llegar en unos 3 ó 4 meses, con vistas breves, lo que quita problemas a los empresarios, que han de dedicarse y emplear el tiempo en su actividad».

José Luis Picado, de la Unión de Consumidores de España (UCE), coincide en valorar la utilidad y eficacia de la labor de la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Valladolid. «Es muy positivo para el consumidor porque en la vía judicial a veces es mayor el coste del procedimiento que la cuantía de lo reclamado», asegura, aunque matiza que «el sistema debería contar con más visibilidad, porque tiene escasa financiación para campañas publicitarias, con el fin de que el ciudadano se acoja a esta vía para resolver sus conflictos».

Picado habla de rapidez en la resolución de las controversias por este camino «aunque a veces existen dilaciones, se retrasa». «Pero en general –añade– la mayoría de nuestros asociados están satisfechos y cerca de un 90% de esta manera lo expresa cuando hemos preguntado por el funcionamiento de este sistema arbitral», al tiempo que aclara que no hace falta ser socio de la organización de consumidores para que se pueda acudir a esta vía extrajudicial.

El representante de la organización de consumidores destaca que el arbitraje de este órgano municipal «está funcionando» y sugiere que las empresas y profesionales «podrían presentarlo como un servicio añadido a su oferta». «Si no está usted conforme con el acto de consumo que ha realizado, la empresa puede decir: estoy adherido a este sistema y podemor acudir a un arbitraje para solucionar la discrepancia».

También conviene con las organizaciones comerciales y empresariales, la otra parte de los conflictos de consumo, en que este mecanismo evita el colapso en los tribunales de justicia. «En los juzgados se eterniza y si ya están colapsados, aún más si llegaran estas reclamaciones, que la mayoría son de baja cuantía y de poca entidad», señala para resaltar los plazos de resolución de los arbitrajes que estima «entre dos o tres meses».