El Ayuntamiento de Valladolid inspeccionará construcciones y reformas para evitar fraudes

En el primer caso, el documento señala que el objetivo es que la base imponible del impuesto se corresponda con el coste real de las obras realizadas para lograr la correcta liquidación del tributo y de las tasas relacionadas con el mismo. Y es que algunos declaran menos de lo que han ejecutado para rebajar el recibo. En este momento, la Hacienda local tiene más de 300 expedientes abiertos a empresas que pagaron cantidades más bajas de las que les correspondían. Aún no han prescrito y se pretende actuar para que abonen lo que adeudan, además de evitar que esa lista engorde. En 2021, cuando los inspectores municipales lograron que afloraran 1,4 millones de tributos impagados, el ICIO y la Tasa de Servicios Urbanísticos acapararon el 40% de esa cantidad total, con 611.960 euros.

También se quiere actuar en las reformas que se hacen en immuebles, de modo que se pueda vincular el valor de los trabajos ejecutados al valor catastral con la finalidad de que el IBI y el resto de los tributos que puedan verse afectados –principalmente el de Plusvalías– se ajusten al valor real que corresponda.

«Esta actuación es muy importante, ya que se pretende evitar que se dejen de ingresar cantidades en el IBI ante la falta de presentación de las declaraciones relativas a las construciones y reformas», se explica en el plan. No obstante, los técnicos reconocen la dificultad de intervenir en domicilios particulares, con lo que en una primera fase la inspección se dirigirá sobre locales y otro tipo de inmuebles.

El plan continuará con una vigilancia estrecha sobre el impuesto de vehículos en dos vertientes. La primera, con los datos proporcionados por el Servicio de Gestión de Ingresos, el Padrón Municipal y la Sección de Recursos se citará a los interesados para determinar el domicilio que debe figurar en el permiso de circulación y, por tanto, concretar el ayuntamiento que puede exigir el tributo. El otro objetivo es evitar el fraude respecto a la exención por discapacidad, ya que ley exige que el uso del vehículo tenga carácter exclusivo para la persona afectada. No es nueva la detección de casos en los que esta obligación se incumple. También se seguirá vigilando el correcto pago de los vados y las liquidaciones de Plusvalías, aunque en este caso, después de la sentencia del Constitucional y de la nueva normativa, no se iniciarán inspecciones hasta después del verano, según se recoge en el documento.

Durante 2021, el departamento dependiente de la Concejalía de Planificación y Recursos abrió 202 expedientes sancionadores por el incumplimiento de las obligaciones fiscales, de los que 39 fueron graves. Con estas actuaciones se lograron recuperar para las arcas municipales 140.265 euros que sumados a las actas –321 por valor 1,3 millones– suman los 1,4 totales.

Esta cifra contrasta con la de 2020 cuando, con motivo de la pandemia, la actividad inspectora se rebajó considerablemente y únicamente se lograron recuperar 656.449 euros. Los datos de 2022 apuntan a un incremento respecto a 2019, año en el que se ingresaron por tributos impagados 1,3 millones de euros.