El Consistorio completa el espacio para la Ciudad de la Justicia con el suelo del antiguo Río Hortega

A falta del periodo de exposición pública del proyecto de actuación en este ámbito –la distribución de las diferentes parcelas entre los propietarios para la construcción de los cerca de 600 pisos previstos–, 8.000 metros cuadrados del estacionamiento del centro sanitario ya están en manos municipales para sumarlos a la superficie del antiguo colegio El Salvador, adquirido por el Ayuntamiento a Sareb por un importe de siete millones de euros. En total, el futuro campus judicial, que tiene que promover el ministerio, se levantará sobre 16.272 metros cuadrados, según los datos facilitados por la Concejalía de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento.

El pasado mes de noviembre, el Ministerio de Justicia aportó un informe, como respuesta a una enmienda que el PP presentó en el Senado, en el que se aseguraba que se destinarían 30 millones de euros para tener finalizada la primera fase de este esperado complejo en 2026. La cifra llamó entonces la atención porque en los Presupuestos Generales del Estado se consignaban tan solo 100.000 euros en 2022 para llegar a los 8,9 millones en 2026.

Mientras que el alcalde, Óscar Puente, ha reiterado en los últimos meses que en este ejercicio se licitará la redacción del proyecto para construir el edificio que agrupará las sedes judiciales dispersas por la ciudad en el entorno de la plaza de San Pablo, el principal partido de la oposición ha iniciado una campaña en redes sociales para denunciar los «incumplimientos y retrasos» del equipo de gobierno en esta actuación.

Fuentes municipales confirman que ya se le ha comunicado al Ministerio de Justicia que tiene vía libre sobre el suelo del antiguo colegio y lo mismo se hará con la parcela del aparcamiento cuando concluya la tramitación del proyecto de actuación en Zambrana. El objetivo del Gobierno es iniciar las obras en 2023 y concluir la primera fase –una sede de 27.700 metros cuadrados construidos– tres años después. Todo apunta a que el inmueble del antiguo centro educativo será demolido para levantar uno de nueva planta, adaptado a las necesidades de los operadores judiciales.