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«La palabra médico sobra porque está actuando como político; el señor Igea se ha pronunciado públicamente como vicepresidente y portavoz del Gobierno autonómico y como tal tendrá que retractarse y disculparse en público o continuaremos con la querella por injurias y calumnias«, ha manifestado este lunes el presidente del Consejo del Colegio de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, tras confirmar que había tramitado en el juzgado, por vía telemática, el acto de conciliación previo a la interposición de dicha querella y está a expensas de la fecha que ponga el juzgado.
El presidente del órgano colegiado, que representa a 14.000 médicos en Castilla y León, ha insistido en que son «ofensivas e injuriosas» las declaraciones realizadas por Francisco Igea en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno del jueves pasado a propósito de una carta remitida por el Consejo a Verónica Casado, en la que se formulaba una pregunta respecto de la gestión sanitaria del coronavirus en las residencias de ancianos de la comunidad, donde se han producido cerca de 2.600 fallecimientos relacionados con la covid desde que se decretó el estado de alarma.
José Luis Díaz Villarig sostiene que en sus declaraciones, el vicepresidente Igea «falta a la verdad, al afirmar que las entidades colegiales solo han realizado requerimientos y preguntas pero poca ayuda, cuando tanto al presidente de la Junta de Castilla y León como a la consejera de Sanidad les consta que todos los colegios de médicos de la comunidad han mantenido una permanente actitud de colaboración durante toda la evolución de la pandemia».
El Consejo remitió a Verónica Casado una carta el pasado día 25 de mayo en la que Díaz Villarig manifestaba de forma literal: «Volvemos a ponernos a su disposición para todo aquello en que, como corporación de derecho público, consideren oportuno que colaboremos en especial en todo lo relacionado con la covid-19, proceso en el inexplicablemente al parecer no se ha considerado oportuno contar con nuestra cualificada opinión».
En esta carta se solicitaba a la consejera información respecto de la gestión sanitaria de la Junta en las residencias de ancianos y demuestra, según Villarig «la voluntad de colaboración del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León con la titular de Sanidad, por lo que las declaraciones realizadas por Francisco Igea no se ajustan a la verdad, máxime cuando la propia Verónica Casado en su respuesta al doctor Díaz Villarig agradecía una vez más su disposición al trabajo conjunto por la salud y las necesidades de los pacientes y de los profesionales sanitarios de Castilla y León».
El demandante entiende que las manifestaciones realizadas por Francisco Igea son «impropias de un miembro del Gobierno de la Junta de Castilla y León». De hecho, apostilla que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, «tendría que tomar medidas» respecto de «las declaraciones que realiza su vicepresidente y portavoz».
Villarig subraya que él y el órgano que preside se han limitado «defender los derechos de los médicos y de todos los ciudadanos« y recuerda que la última acción, por la vía judicial, ha sido «reclamar medidas de protección para todos los profesionales sanitarios desde el principio de la pandemia ante la absoluta falta de equipos de protección para quienes se encontraban trabajando en la primera línea de la crisis sanitaria».
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