Condenan a Nissan a pagar 22.000 euros a afectados por el cártel de coches

La titular ha estimado de forma total el informe presentado por el despacho Litia Legal que ha cuantificado el daño en el 12,73% del precio de compra real de cada vehículo. Asimismo, no ha admitido la pericial aportada por la compañía. «Todo ello no nos lleva sino a concluir que esta pericial resulta más relevante por lo que calla que por lo que expresa», reflejan los fundamentos de derecho de la sentencia.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya multó a 21 fabricantes, 130 concesionarios y dos consultoras por pactar los precios de los coches entre febrero de 2006 y agosto de 2013. Este pacto ilícito perjudicó «claramente» a los compradores de un vehículo en esas fechas, que es «probable que pagaran por sus coches más de lo que deberían haber pagado». Ante esta situación, el Tribunal Supremo ya confirmó las multas, y de esta manera dio luz verde a los consumidores que pretendían reclamar. El cártel de coches fijaba los precios que hicieron subir el coste entre 2.000 y 9.000 euros.

Son millones los compradores de coches afectados (se estima que unos siete millones en toda España). Aquellos que entre febrero de 2006 y agosto de 2013 adquirieron un BMW, Citroën, Chevrolet, Chrysler, Fiat, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, VW Audi o Volvo en alguno de los concesionarios sancionados.

Estas prácticas impidieron a los compradores de vehículos el poder beneficiarse de precios menores y ciertas condiciones resultantes de la competencia efectiva entre las distintas marcas. En este mismo sentido, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calculó que las infracciones sancionadas por la CNMC implicaron al 90% del mercado de distribución y comercialización de vehículos en España (quedaron excluidas las marcas de coches de alta gama), con lo que millones de consumidores que compraron sus coches en esos años pudieron ser víctimas de estas «prácticas anticompetitivas».

Seat, S.A. y las empresas que forman parte del grupo al que pertenece (Volkswagen Audi España, S.A y Porsche Ibérica, S.A), quedaron eximidas del pago de las multas ya que la investigación por la que se destaparon estas conductas infractoras fue posible gracias a la aportación de pruebas por parte de Seat, S.A., que, además, solicitó «clemencia».

Precisamente, la plaza de Valladolid en lo mercantil está siendo una en la que se presentan más demandas por estos hechos al estar la sede en España de Renault y por ser uno de los juzgados más eficaces en territorio nacional.