Condenan a un banco a pagar mil euros a un cliente estafado por Bizum

Según figura en la demanda, el 5 de julio de 2021, B. se conectó en su casa desde su ordenador portátil a la plataforma de banca electrónica para recargar una tarjeta. Primero recibió un SMS del BBVA en el que se le solicitaba un código para continuar con la operación, «por lo que no sospechó que nada inusual estuviese ocurriendo». Pero, una vez transcrito ese código que se le solicitaba en la plataforma de banca on line, recibió otro SMS que le pedía que introdujese otro código, motivo por el que el usuario pensó que podía haberse producido un error con la anterior clave. El cliente volvió a recibir un tercer mensaje por SMS en el que se le pedía otro código para realizar una transferencia de 900 euros en un número de cuenta que no correspondía con la suya.

Fue en ese momento cuando B. se percató de que «algo extraño estaba sucediendo» y se dio cuenta de que se estaba cargando una barra de progreso de Bizum en la plataforma de la entidad bancaria. Observó que «sin él saberlo, realizó dos ingresos a través de la plataforma de pagos por valor de 500 euros cada uno de ellos». De inmediato «se dio cuenta de que estaba siendo víctima de una estafa», se indica en los antecendentes del fallo, y cerró la aplicación de banca on line. Llamó al servicio de atención al cliente de la entidad y se le bloquearon sus cuentas y tarjetas, así como el acceso a la aplicación de banca electrónica. Al día siguiente acudió a denunciar los hechos a la Comisaría de Policía. El cliente intentó que el BBVA le reintegrara el dinero perdido de forma amistosa pero como el banco descartó esa solución, acudió a la vía judicial.

La sentencia, que es firme, reconoce que el banco ha cumplido con la exigencias del artículo 44.1 del Reglamento Delegado 2018/389 porque «autentificó las órdenes de transferencia, que fueron registradas con exactitud y contabilizadas y que en principio no se vieron afectadas por un fallo técnico u otra deficiencia del servicio prestado por el proveedor de servicios de pago». Sin embargo, apunta el juzgador, «el hecho de que la operación haya sido registrada correctamente no prueba que el ordenante haya sido gravemente negligente en la custodia de sus credenciales» como sostiene la entidad demandada. Es el banco quien tiene que acreditarlo y, además, indica la sentencia, «debe conservar y facilitar al cliente toda la documentación y los registros que le permitan acreditar el cumplimiento de sus obligaciones».

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Solo entonces, señala el magistrado del Juzgado de Primera Instancia 1 de Valladolid, se probarían «las circunstancias en que se pudo producir la suplantación alegada por el demandante» o, por el contrario, «que todo transcurrió con normalidad en la gestión de esa cuenta o tarjeta y que, por tanto, las transferencias obedecieron a un simple error como alega el banco en su contestación» a la demanda.

Antonio Castro y Francisco Quevedo, los letrados del despacho que ha planteado esta demanda en nombre de su cliente contra el BBVA, indican, a propósito de este tipo de estafas tecnológicas (phising), que «lamentablemente, es muy recurrente, nos llegan numerosísimos casos» aunque, «al ser cuantías muy bajas, muchas veces no compensa la reclamación, pues no suele haber condena en costas, por lo que muchos clientes no reclaman dichas estafas».