
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La Sección Segunda de la Audiencia de Valladolid ha condenado a Raquel Bustos Herráiz a nueve meses de prisión y a una multa de ... 760 euros por un delito de estafa en grado de tentativa al suplantar el correo electrónico de una empresa para exigir el pago de 78.846,60 euros a un cliente con el número de cuenta bancaria de la condenada.
Los hechos sucedieron el 20 de abril de 2020, cuando una persona o personas no identificadas suplantaron el correo electrónico de la empresa de Luis Alberto Sanz Arranz a través de un método que también se desconoce.
De esta forma, remitieron un mensaje a uno de los clientes de la empresa en el que se requería un pago a la cuenta de Raquel Bustos por casi 80.000 euros. El dinero no llegó a ser ingresado, al percibir los responsables de la empresa una maniobra fraudulenta antes de hacer la transferencia. «Es un cliente que siempre pagaba con pagarés. Nos percatamos de que algo no era lo lógico y vimos que esa información estaba manipulada. Nos dimos cuenta y no efectuamos el pago», declaró el día de la vista oral Luis Alberto Sanz para evitar enviar el dinero.
La sentencia, en la que cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, se apoya en la doctrina Murray, en la que «el silencio es un contraindicio poderoso cuando las pruebas de cargo que se presentan reclaman una explicación que solo la acusada podría dar, y esta, pudiendo hacerlo, se niega a proporcionarla». Precisamente, Bustos Herráiz se agarró a su derecho a no declarar, afirmando que se iba a poner «muy nerviosa».
«A través de la testifical de Luis Alberto Sanz Arranz y de las documentales obrantes en autos se ha acreditado que la cuenta de destino a la que el cliente de la empresa debía realizar la transferencia es la cuenta de la que era titular exclusiva la acusada, que es además quien figura como ordenante en las operaciones recogidas en el extracto de movimientos de la cuenta remitido por ING, sin que la acusada haya facilitado en el plenario explicación alguna de los motivos por los que su cuenta aparecía en los correos electrónicos remitidos a la sociedad que formula acusación particular», refleja los fundamentos de derecho de la sentencia.
Precisamente, la justificación ofrecida por la ya condenada ante el Juzgado de Instrucción fue que había abierto la cuenta «para hacer un favor a un amigo», del que facilitó unos datos días después de su declaración, pero indicando que no conocía su domicilio.
Raquel Bustos se enfrentaba inicialmente a una pena de 11 meses de prisión, solicitados por la Fiscalía y la acusación particular. «Se trata de una acción que no se desplegó hasta el límite de la consumación, lo que lleva a la disminución de la pena», refleja el fallo.
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