El colectivo de ayuda a domicilio en Castilla y León inicia movilizaciones el 20 de octubre en Valladolid por un convenio digno

La siguiente ciudad en la que se realizará la concentración será Salamanca, el día 22, también a las 12.00 horas y con el mismo aforo máximo, para, a continuación, extenderse al resto de provincias, comenzando por Ávila y Segovia.

El colectivo convocante está formado por 5.200 trabajadoras que da servicio a 22.419 dependientes, con un porcentaje de ocupación de mujeres del 98%, la mayoría a través de un contrato a tiempo parcial, y destaca que en esta crisis sanitaria ha quedado patente que el servicio que prestan y su profesión es «imprescindible para la sociedad», tras haber estado en «primera línea, sin descanso, con un alto riesgo de contagio para que las personas dependientes que están en sus domicilios tengan el bienestar que merecen».

Sin embargo, el colectivo, a través de un comunicado recogido por Europa Press, denuncia que la patronal, lejos de esa sensibilidad hacia este servicio, hacia sus profesionales y sus usuarios, lo ve sólo como una mercancía en la que hay que ahorrar todo lo posible.Recuerda así que la propuesta de la patronal para el nuevo convenio colectivo es 0% de subida salarial en 2020; 0,25% de subida para 2021 y destinado a plus transporte; 1% para 2022; 1,50% para 2023 y llegar en 2022 a considerar el 100 % del tiempo de desplazamiento entre usuarios como tiempo efectivo de trabajo.

«Para nosotras esas condiciones son inaceptables por cuanto suponen un retroceso retributivo y laboral. Las profesionales del SAD realizamos un trabajo esencial para la sociedad castellano- leonesa, una sociedad envejecida que requiere de este servicio para su calidad de vida«, insisten las trabajadoras.

Estas defienden que si queremos que los dependientes tengan un trato digno y permanezcan el máximo tiempo posible en su domicilio habitual y familiar en condiciones óptimas, se debe garantizar condiciones laborales también dignas para quienes les asisten.

Por ello, exigen a las partes implicadas, administraciones y empresas del sector, que no mercadeen con sus derechos y que no ahorren a costa de sus condiciones.