La clínica iDental cierra en Valladolid y deja a centenares de pacientes sin atención

La sede de la clínica iDental cerró ayer sus puertas en la capital dejando a decenas de clientes sin atención odontológica, y sin conocer cuándo abrirán como consecuencia de la grave situación económica que atraviesa este grupo sanitario, que ha llegado a contar con 26 centros en toda España.

La clausura pilló por sorpresa a varios de los clientes que tenían concertadas citas para su tratamiento, y que pudieron comprobar cómo en la puerta de entrada apenas nueve líneas en un cartel justificaban el cierre temporal «por motivos ajenos a los trabajadores y hasta nuevo aviso». Se aducía además para «poder mantener la seguridad de pacientes y trabajadores».

Y es que la crispación entre el personal de esta clínica y los clientes que habían contratado sus servicios ha ido en aumento en las últimas semanas, por la falta de material protésico, retraso en los cobros, y cargos de los préstamos que para financiar las intervenciones han tenido que realizar muchos de los clientes.

Las dependencias vallisoletanas, situadas en la calle de la Zanfona 8, próxima al hospital Río Hortega, constan de 1.192 metros cuadrados en los que se repartían los 18 boxes de atención dental.

Perteneciente a un grupo empresarial de la comunidad Valenciana, fundado por Antonio Javier Pellicer y Vicente Castañer Blanco, esta clínica se inauguró en la capital en octubre del 2015 y ha llegado a tener cerca de 12.000 pacientes en este tiempo, a los que se realizaban implantes dentales, ortodoncias y limpiezas bucales siempre y cuando estuvieran vinculadas a un tratamiento ya acordado.

Sus promociones publicitarias agresivas, apoyadas en precios reducidos con descuentos del más del 50% de los ofertados por las clínicas tradicionales, hicieron que su personal creciera hasta los 89 empleados. En las últimas semanas, la plantilla llegaba apenas a 14 trabajadores, entre odontólogos, higienistas, enfermeros o técnicos de rayos.

El cierre de la sede vallisoletana se suma a la de Segovia que se clausuró este lunes, según fuentes de la Asociación de Afectados de iDental (Adafi). Su presidente, Javier Camacho, indicó que de los 26 centros que la empresa tenía en España «ya no quedan ninguno abierto puesto que la crispación ha llegado también hasta Alicante, Gijón, Cádiz y Elche que han cerrado».

En esta última ciudad, una asamblea de más de 300 clientes terminó este martes con fuertes discusiones entre representantes de iDental y clientes que seguían sin recibir el tratamiento pese a que se les seguía cobrando las cuotas. En el caso de la clínica vallisoletana, algunos de los afectados destacaron el esfuerzo de la nueva gerente «que trató de continuar con la atención sanitaria».

Desde la compañía Weston Hill Capital (propietaria del 70% de la empresa) se ha indicado a varios afectados que se está negociando la entrada de un fondo de capital estadounidense para solucionar los problemas de liquidez por los que atraviesa actualmente la empresa.

Javier Camacho no dudó en calificar a los afectados como «víctimas de una estafa, ya que publicitaban los servicios afirmando que daban subvenciones, cuando en realidad aplicaban simples descuentos comerciales. Inflaban el precio del tratamiento y al reducirlo luego la mayoría de los clientes con escasos recursos suscribían el contrato». Camacho asegura que esta clínica 'low cost' «ofertaba material dental de baja calidad y pagaba sueldos de mileurista al personal, que en muchas ocasiones carecía de experiencia».

Coincidiendo ayer con el cierre de Valladolid, un Juzgado de Instrucción ha abierto diligencias penales por supuesta mala praxis contra iDental, tras la denuncia de una paciente a la que se extrajeron piezas sanas y registró infecciones sin ser atendida por esta clínica.

La magnitud del problema, que podría afectar a 300.000 pacientes en toda España, según Adafi, se ha traducido en una proposición no de ley que ha presentado Ciudadanos.

Su diputado por Valladolid, Francisco Igea, se ha reunido en los últimos días con afectados y ha constatado que existen casi 1.500 reclamaciones en seis comunidades autónomas.

La mayoría por incumplimientos de las condiciones del tratamiento, o por la falta de devolución de las cantidades cobradas. Por ello, Ciudadanos pide al Gobierno que se entable conversaciones con las asociaciones de afectados y se trate el problema en el Consejo de Salud estatal.