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El Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid, que instruye la querella del bodeguero Alejandro Fernández contra sus tres hijas mayores y su esposa, ha citado a declarar a esta en calidad de investigada para el próximo 3 de octubre, después de que en la primera ocasión no fuera a declarar con la justificación de una enfermedad sobrevenida que, según su abogado, supuso su hospitalización y le impidió acudir a la sede judicial.
Fernández, de 86 años, mantiene desde hace dos años una guerra judicial con su esposa, de quien está separado de hecho y en trámites de divorcio, y sus tres hijas mayores, quienes, con su suma de participaciones, detentan desde 2018 el control societario del Grupo Pesquera, rebautizado Familia Fernández Rivera. El veterano bodeguero ratificó el pasado mes de junio la denuncia contra la sociedad Alejandro Fernández Tinto Pesquera, la empresa matriz del grupo empresarial que él mismo fundó hace décadas. El titular del Juzgado de Instrucción 4, a instancias de la Fiscalía de Valladolid, se encarga de investigar la supuesta falsificación del contrato de arrendamiento de los viñedos que usaron para cosechar la pasada campaña.
Desde otro ángulo de la guerra judicial, la representación legal del bodeguero ha solicitado al Juzgado de Primera Instancia 9 que ejecute la sentencia que impone a la sociedad demandada el pago de 6.000 euros a Alejandro Fernández por la utilización sin permiso de su imagen en la web corporativa «con fines publicitarios y comerciales».
Respecto de la lucha por las marcas, en el último Boletín Oficial de la Propiedad Industrial figura la cancelación de las licencias de una veintena de marcas de vino cuyo uso fue cedido por Alejandro Fernández, «de manera que las bodegas ya no las pueden usar», señalan desde el despacho Dikei Mohedano.
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