Citados los dos últimos investigados por la trama en la Guardia Civil que anulaba multas de tráfico en Valladolid

La conducta que se investiga implicaría cambiar la identidad de los conductores sancionados por infracciones de tráfico, a cambio de regalos y dinero que dichas personas entregaban.

Las 18 personas citadas a declarar por este caso no pudieron testificar todas los pasados 4 y 5 de julio, por lo que el juez optó por posponer las declaraciones de dos de ellos al mes de octubre, citándoles con letrado.

La investigación judicial deriva de otra del mes de marzo relacionada con un delito de tráfico de estupefacientes y de blanqueo de capitales, que conllevó varias detenciones en Valladolid, Cuéllar, y Zamora.

Por las escuchas en este procedimiento, realizadas por la Policía Nacional, el instructor decidió abrir una pieza separada para aclarar si un agente de la Comandancia influía en distintas administraciones y autoridades, incluso judiciales, para obtener algún tipo de beneficio a quienes acudían a él.

Entre los investigados, que supuestamente habrían recibido un trato de favor, se encuentran bodegueros, empresarios de la construcción, de la hostelería o del sector del automóvil.

La tesis que baraja la Policía Judicial es que el principal implicado actuaba en connivencia, por lo que el juez de Instrucción 1 decidió incoar diligencias por presuntos delitos de cohecho, falsedad, estafa, tráfico de influencias y prevaricación administrativa. En este sentido, el magistrado José María Crespo solicitó al Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda un informe sobre las sanciones registradas.

Por otra parte, el instructor no ha resuelto por el momento si admite la personación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, (AUGC) que el pasado 14 de agosto solicitó estar presente en estas diligencias previas como acusación popular.

La AUGC considera que la presunta conducta delictiva del agente «afecta al interés general, constituyendo, de haberse perpetrado, un delito público cuyos perjudicados no sólo son la colectividad, sino la asociación cuya finalidad incluye la persecución de toda actuación que pueda mermar el buen nombre de la institución y los valores» que representa la Guardia Civil. La asociación pide que sea sin fianza.

El Juzgado ha dado traslado a la Fiscalía de Valladolid para que informe sobre si está de acuerdo con esta personación del colectivo profesional, así como también a las partes personadas.