Citados los cuatro acusados por la presunta manipulación del PGOU de Valladolid para una vista previa

En dicha vista, la Sección Cuarta de lo Penal, tribunal sentenciador en este proceso, dará a conocer a las cuatro únicas personas que han quedado en el banquillo -el exconcejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca; el arquitecto Luis Álvarez Aller; el exjefe del área, Modesto Mezquita, y el exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada- su resolución respecto de las numerosas cuestiones previas planteadas, según informaron a Europa Press en fuentes jurídicas.

Las defensas invocaron la vulneración de derechos fundamentales a lo largo de la instrucción, tanto el de defensa como de tutela judicial efectiva, el principio de equilibrio de armas y el de un proceso con todas las garantías, y todo ello basado fundamentalmente en el hecho de que la vista oral comenzaba cuando los procesados contaban aún con la mitad de la prolija documentación que se ha venido instruyendo en los últimos diez años.

De hecho, alegaron que el caso PGOU se extiende a lo largo de 12.000 folios y 1.800 planos por hechos ocurridos en 2003 y pese a ello las defensas, en un «claro ejemplo de indefensión», tan solo disponían de un 50% de dicha documentación, y ello a pesar de los hasta cuatro intentos subsanadores realizados por el Juzgado de Instrucción número 1 mediante la aportación de dispositivos USB que, como así denunciaron, seguían sin contener la totalidad del planeamiento urbano.

«El traslado de esta documentación es absolutamente imprescindible por cuanto contiene el sustrato fundamental en el que se basan las acusaciones y es vital para comparar esas supuestas modificaciones en el PGOU», insistieron los defensores.

Pero además, denunciaron el supuesto trato de favor recibido por las acusaciones pública y popular tras recordar que éstas tuvieron acceso a todos los documentos originales del proceso y por orden cronológico, frente a las copias incompletas y de forma anárquica recibidas por las defensas, incluido el informe de la Policía Judicial que manejó la Fiscalía durante buena parte de la instrucción y que se «distraído» a estos letrados, cuyos clientes declararon en sede judicial, primero como testigos y luego como imputados, sin tener conocimiento de dicho documento policial.

Una vez resuelto el trámite de cuestiones previas, el tribunal deberá fijar la fecha para la celebración del juicio para dirimir responsabilidades por la supuesta alteración del PGOU en favor de los promotores de diversos proyectos urbanísticos, algo para lo cual, según fuentes del caso, se baraja el próximo mes de junio, una vez pasadas las elecciones y antes del verano, aunque las fechas están aún por consensuar con las partes.

La Fiscalía vallisoletana solicitaba las penas más elevadas, cuatro años de prisión, para José Antonio García de Coca, Luis Álvarez Aller y Modesto Mezquita, junto con el pago de multas por importe de 37.800 euros e inhabilitaciones en el primer caso por espacio de 43 años para el puesto de edil y para los otros dos de 27 años para puestos relacionados con su actividad profesional.

A los tres les imputa un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y uno sobre el patrimonio, mientras que al exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, a quien pide también cuatro años y 19 de inhabilitación, le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación.

Por su parte, la acusación popular ejercida por la Federación de Vecinos Antonio Machado, pide las penas más elevadas para García de Coca, en concreto seis años de cárcel, y los también integrantes de la cúpula de Urbanismo en aquella época, Modesto Mezquita y Álvarez Aller, para quienes interesa condenas de cuatro años.