Cinco años muerto en su domicilio y diez días en el Anatómico Forense

Una espera, que si no hay ninguna complicación, llegará a su final en los próximos días, una vez que ya se han cumplido las 72 horas pertinentes para que algún familiar se hiciera cargo del entierro. Precisamente, la Policía Nacional contactó con el hermano de Antonio el mismo día del hallazgo del cuerpo, con la negativa de este al no poder hacerse cargo de los gastos del entierro. «Todo hace indicar que procederemos nosotros al sepelio», apuntan desde Nevasa.

A partir de ese momento, será la empresa municipal de cementerios la encargada de cerciorarse de que Antonio Torralba no pueda sufragar el sepelio. Este caso elevará la cifra por encima de la decena los funerales que ha tramitado ya Nevasa en la fosa común de El Carmen en este 2022, cuya gasto por cada inhumación se estima en más de 2.000 euros que corren a cargo del Ayuntamiento de Valladolid.

Precisamente, para que un fallecido pueda acogerse a este servicio es necesario que no cuente con medios económicos suficientes para sufragar estos gastos; que ese dinero no esté cubierto por cofradías, empresas o entidades aseguradoras; que la persona difunta no pertenezca en el momento del óbito a comunidades, instituciones, órdenes, organizaciones u otras entidades jurídicas que por sus leyes de creación o reglas, estatutos o normas de organización estén obligados a prestar a sus miembros la asistencia necesaria para atender a las necesidades básicas; que la persona difunta no haya realizado disposiciones patrimoniales, donaciones o ventas a familiares que tuvieran la obligación de alimentos, en los cuatro años anteriores a la fecha de fallecimiento y que no conste la existencia de familiares obligados al pago de los servicios funerarios y del sepelio o que, si existen, no cuenten con medios económicos suficientes para sufragarlos.

Todas esas opciones son las que tendrá que estudiar la empresa municipal para finalmente y después de cinco años y diez días se dé sepultura a Antonio Torralba.

Porque la historia de este hombre, que falleció en 2017 cuando tenía unos 60 años, se conoció el 27 de noviembre de este año cuando una familia de okupas le encontraron momificado en su vivienda de alquiler en el número 22 de la calle Bailarín Vicente Escudero. Cinco años en los que nadie preguntó por él. Ni vecinos, ni la propietaria de todo el inmueble, ni familiares, ni amigos supieron del fatal desenlace de Antonio hasta cinco años después.