El cerebro y el testaferro de la estafa de 500.000 euros en jamones dan versiones contradictorias

Y han declarado este lunes con testimonios contradictorios. Abellán, supuesto propietario, ha negado que él formara parte de la empresa, mientras que López, que fue el primero en denunciar el presunto delito autoinculpándose, ha reconocido los hechos al ser «toxicómano» en el momento de las estafas a una docena de empresas. «He sido engañado por mi adicción. José Abellán me daba dinero para que firmara. Solo lo quería para drogarme. Sí que sabía que se engañaba a los proveedores, pero no que se les estafaba de esta forma», ha afirmado Diego López, el acusado por el que se aplazó el juicio en mayo al estar en una cárcel de Argentina.

Una declaración en la que ha tildado al propio Abellán como el «cerebro» de la operación. «Se encargaba de que su firma no apareciese en ningún papel. No tengo pruebas, solo tengo mi palabra, pero yo sí sé quién es Abellán. Él nunca deja huellas. Se ha aprovechado de mi enfermedad y soy culpable por tonto», ha añadido el testaferro de la empresa, que ha afirmado no tener ni idea de cómo administrar una empresa. «No sé qué es una mercantil o una sociedad limitada. No es mi oficio, ni tengo las aptitudes. Se han engañado a personas honradas por mi culpa. Soy una víctima», continúa.

La declaración del otro acusado, el supuesto dueño de la empresa a pesar de que no figure en el organigrama de la misma, ha girado a la negativa de formar parte de Dismarianga. «No sé nada. En esas empresas no aparecen ni mi nombre ni firma», ha añadido Abellán, que ha reconocido conocer al testaferro tras «alquilarle una finca en Murcia a él y a un compañero que escondían droga en la escayola», ha agregado antes de reprochar al propio Diego que no negara con la cabeza mientras declaraba a las preguntas de su abogado. «No digas que no ahora, no tengo nada que ver. Diego es el más listo de esta Sala», ha añadido el supuesto cabecilla de la estafa, que ya fue condenado por la Audiencia de Teruel por estafa a seis meses de prisión, aunque la pena le fue suspendida en 2011 por cinco años.

Asimismo, Abellán ya ha consignado «alrededor de 20.000 euros» de los 500.000 que supuestamente se hubieran estafado entre 2011 y 2012, misma cantidad que la Fiscalía pide como indemnización para la docena de empresas afectadas. «Si lo llego a saber, después de lo que se ha escuchado hoy (en relación a la declaración de Diego López), no pago ese dinero», ha concluido.

Abellán y López son dos de los cinco acusados del delito de estafa. Otros dos, Antonio Mariano Gallego Hernández y José Javier Cortés García, se conformaron en su día con penas de dos años de prisión, mientras que Julián Abellán Tomás, el hijo del empresario, es el único que continúa prófugo. «Llevo diez años sin saber de mi hijo», ha declarado el José Abellán, a quien la Fiscalía le pide siete años de cárcel (seis por estafa y otro por pertenencia a grupo criminal), mientras que para Diego López, cinco años y medio (cuatro y medio por estafa y otro por grupo criminal).

Los cinco acusados, según el escrito del Ministerio Público, abonaban los pedidos iniciales, para así ganarse la confianza de sus víctimas y aparentar solvencia, para más tarde realizar encargos mucho más cuantiosos y una vez recibida la mercancía simulaban el abono mediante pagarés los cuales, llegado su vencimiento, eran devueltos por los bancos por falta de fondos.

Mediante este procedimiento, a lo largo de 2011, realizaron numerosos pedidos de mercancía a empresas radicadas en Valladolid, Lugo, Leganés, Madrid, Barcelona, Guijuelo (Salamanca), Gerona, Badajoz y Segovia, de las que obtuvieron género por importe global de 446.196 euros que no abonaron. Ni tan siquiera pagaron el material de oficina, por importe de más de 9.000 euros que encargaron a Papel y Complementos Castilla.

Para las acusaciones, José Abellán Navarro es el 'cerebro' de la estafa continuada y quien tomaba las decisiones, aunque no negociaba con los proveedores ni firmaba documento alguno «para evitar ser descubierto». Su hijo Julián, en paradero desconocido para la Justicia, daba servicio y apoyo y se encontraba en un tercer nivel, mientras que Diego López García figuraba como uno de los dos administradores y dueños de la mercantil, haciendo de pantalla o testaferro.