Centeno defiende la legalidad de Meseta Ski y delega responsabilidad en su subordinado

Ello supondría que, cuando se tomó la decisión de cambiar el material de las pistas, los remontes y las cintas transportadoras, entre otros elementos, rememorados por representantes de la adjudicataria que han reconocido que se hicieron «bastantes modificaciones», aún no existía el proyecto inicial. Afirmaciones que, tal y como ha replicado la fiscal, contradicen lo afirmado momentos antes por el exarquitecto de Tordesillas, quien ha declarado que la licencia para los primeros trabajos de movimiento de tierras, iniciados ese mismo mes, se solicitó en base al proyecto inicial de cuatro millones.

La fiscal también le ha recordado la existencia de un informe previo a la licitación que establecía la viabilidad de un proyecto para Villavieja del Cerro con un presupuesto, dimensiones y materiales determinados, aspectos estos últimos que Centeno ha negado recordar -más allá de la localización- y en base a los cuales se fijó el pliego técnico para que las empresas pudieran presentar ofertas.

Pese a negar que se tratase de un segundo proyecto, tal y como afirmó el día anterior Santiago González, el arquitecto director de la obra y en lo que ha incidido este jueves Francisco Álvarez, el representante de Corsan-Coviam en su relación con Sodeva, Centeno ha explicado que no sacaron de nuevo el proyecto a licitación dado que así lo determinó un informe encargado a Alberto Sánchez Valdepeñas, gerente de la sociedad hasta finales de 2007, según sitúan los acusados, para el cual estuvo asesorado por técnicos de Sodeva y de la Diputación.

En concreto, ha especificado que tras evaluar el coste de los elementos incorporados -que suponía pasar de un presupuesto de cuatro a más de siete millones- se decidió que «no era necesario sacar de nuevo la adjudicación», al considerar que no se vulneraban las normas públicas de contratación y que el exceso presupuestario iba a ser asumido por la adjudicataria a cambio de aumentar el período de explotación.

Centeno, que ha rechazado el caracter personal de Meseta Ski esgrimiendo que provino del seno de la Diputación de la cual era vicepresidente, también ha rechazado cualquier tipo de responsabilidad en la gestión de la licencia irregular con la que se construyó el complejo, a pesar de que fuera Sodeva quien presentara la documentación, en contra de lo establecido en el contrato con Corsan-Coviam.

Sobre este aspecto ha deslizado que fue la adjudicataria la responsable de la documentación para la concesión de la licencia, basada en el proyecto inicial, y que Sodeva únicamente la presentó tras decidirlo nuevamente su subordinado en la gerencia, Sánchez Valdepeñas, desconociendo los motivos. Apunta también a la responsabilidad de la Junta de Castilla y León, al aprobar la Consejería de Medio Ambiente la declaración de impacto ambiental «sabiendo que existía ese incendio».

Las irregularidades con la licencia desembocaron en la paralización de las obras por el juzgado de lo contencioso en septiembre de 2007, cuando, según el arquitecto director de obra, ya se habían ejecutado más del 90 % de los trabajos «conforme al nuevo proyecto», ha puesto de manifiesto la fiscal. No fue hasta marzo de 2008, meses después de la paralización de la obra, cuando Sodeva aprobó, con el voto en contra de tres consejeros, el segundo proyecto, un «refundido» que superaba los 10 millones y que recogía los trabajos ejecutados hasta la fecha con un «exceso de lo presupuestado», según un informe interno, lo que supuso el pago de nuevas certificaciones a la constructora.

Centeno y Pedro Pariente, que ha declarado con posterioridad, apuntan a la responsabilidad del arquitecto director de obra en la emisión de las certificaciones y del exgerente de Sodeva, responsable de autorizar el pago hasta que cesa de su cargo y es relevado en esa función por Pariente, hecho que se produce, según los acusados, a finales de noviembre de 2007 con los trabajos ya ejecutados.

Durante la vista, también ha comparecido en calidad de testigo el expresidente de la Diputación, Ramiro Ruiz Medrano, en el cargo hasta 2011, quien a preguntas de las defensas ha sostenido que la iniciativa de elevar a las Cortes la propuesta para dotar a Meseta Ski de la categoría de Proyecto Regional surgió del grupo del Partido Popular en la Diputación, sin recordar a instancias de quién.

Ruiz Medrano ha defendido que se trataba de «dar una solución que queríamos todos», incluidos grupos de la oposición, tras declararse la ilegalidad de las obras meses antes, ya que era «bueno para la provincia», descargando así de responsabilidad a los acusados de las decisiones posteriores. El proyecto aprobado en 2010 tras la aprobación de la ley regional supuso un nuevo desembolso de más de dos millones de euros para abonar los gastos de custodia de la obra a la adjudicataria y subsanar el deterioro de las instalaciones.