«Los casos conocidos de explotación sexual y laboral son solo la punta del icerberg»

Lo hizo durante su participación en las jornadas 'Hablemos de la trata', organizadas por Accem, de forma 'on-line', y en las que se abordaron ejemplos y casos de explotación sexual y, especialmente, laboral. «Todos sabemos que estas mujeres están en mucha parte obligadas a estar ahí. En el alterne o la explotación sexual, hablamos también de trabajos forzosos, aunque eso no sea trabajo», indicó Prieto.

Porque existe una relación laboral. Así lo recordó Fernando Montes, inspector de Trabajo. «Ha habido una unificación de doctrina por parte del Tribunal Supremo que dice que cuando la trabajadora de un club de alterne promueve que los clientes tomen alguna consumición en barra, debe estar dada de alta en el régimen general de la Seguridad Social como trabajadora por cuenta ajena. Aun cuando no se produzca el pago o retribución, eso no impide que se considere que hay relación laboral».

Antonio Velasco, interlocutor de social de la Guardia Civil en Valladolid, indicó que la industria del sexo y del ocio es uno de los sectores donde se detectan, además, casos de «esclavitud» y abusos laborales. «En ocasiones, detrás hay organizaciones criminales muy estructuradas», indicó. Y, en todo caso, resaltó que la primera preocupación es la protección de la víctima, separándola y aislándola del entorno en el que se encontraba, con su acogida en recursos asistenciales de administraciones públicas o de ONG .«Las víctimas potenciales suelen vivir en el mismo establecimiento donde ejercen la prostitución. Allí estaban sometidas a vigilancia continua. Por eso es importante, cuando salen, ofrecerles herramientas para ponerlas a salvo. En muchos casos quieren regresar a sus países, así que nos ponemos en contacto con los consulados para que el retorno sea ágil», apuntó Velasco.

Cristina de la Torre, secretaria de Migraciones y Medio Ambiente de CCOO, subrayó que los casos conocidos y denunciados (tanto de explotación sexual como laboral) son solo «la punta del iceberg», puesto que las denuncias son muy bajas («en ocasiones las víctimas no tienen la conciencia de serlo») y serían necesarios más recursos de detección.

Además, precisó las dificultades legales que existen para que un delito sea penalmente tipificado como de trata. Hay que demostrar «la captación, el traslado, el alojamiento, la violencia, intimidación, el engaño, el trabajo forzado». «En muchos casos, desconocen las rutas por las que entraron al país, vinieron con otras personas a las que no conocen, les retenían el pasaporte (que solo se devolvía unos minutos en el paso de fronteras, para evitar sospechas). No tienen acceso a sus documentos de identidad, dependen de otros para su alojamiento y manutención, sufren control de movimientos y de comunicación con el exterior. Y les adoctrinan por si han prestar declaración. Muchos desconocen el idioma, lo que a la vulnerabilidad física se una la social». De la Torre insistió en ampliar el foco de las causas de explotación (no solo la sexual) y reclamó un plan de atención respecto a los empleos temporeros en agricultura y ganadería.