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El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha matizado este viernes que la sentencia del TSJ que obliga a reformar el Reglamento Orgánico para crear el puesto de director de Coordinación de Políticas Públicas, al que la oposición calificó desde el primer momento como «el ... alcalde B», no es firme, con lo que Indalecio Escudero seguirá al frente de este cargo hasta que se resuelva la situación. Este puesto supone un gasto de 156.762 euros anuales (627.048 euros a lo largo del mandato). En esta cantidad, se incluye el sueldo de Escudero y el de un auxiliar que le asiste, según los datos recabados por el PSOE, el partido que recurrió al Alto Tribunal autonómico.
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Carnero ha avanzado que se equipo estudiará primero la resolución judicial ante de tomar decisiones, que podrían pasar bien por recurrir en casación ante el Supremo o por iniciar una reforma del Reglamento Órganico. O ambas al tiempo.
«La sentencia admite recurso y, por tanto, no deja sin efecto esa situación. Cuando decidimos la creación del puesto, consideramos que era necesario esa asistencia dentro de la Alcaldía como área y veremos el modo y manera para, cumpliendo con la sentencia, bien porque interpongamos recurso, bien porque adoptemos la decisión que corresponda, se siga manteniendo», ha avanzado.
El regidor ha recordado que hace ya unos años se reformó esta norma de funcionamiento interno del Consistorio, pero no ha podido concretar cuáles serían los plazos para desarrollarla, los trámites y los tiempos previstos para modificarlo, vamos a analizarlo», ha zanjado.
El PSOE municipal, que recurrió ante el TSJ una primera sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 3, que avalaba la creación del puesto tal y como lo había planteado Carnero, mantenía que el acuerdo que se tomó era «nulo», ya que para modificar la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento con el objeto de incluir el puesto de Director de Coordinación de Políticas Públicas era necesario que el Pleno modificara previamente el Reglamento Orgánico e introdujera en su organización un el órgano directivo, como determina la Ley de Bases de Régimen Local. La sentencia de la Sala da la razón a la tesis de los socialistas.
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Antonio G. Encinas
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La reacción del portavoz del PSOE, Pedro Herrero, no se ha hecho esperar. «Nos da la razón cuando dijimos que lo que había hecho el señor Carnero era una cacicada propia de la Junta de Castilla y León o la Diputación, él quiso asegurarse que dejaba aquí a una persona de su confianza, un amiguete del partido, un funcionario, para que hiciera su trabajo mientras él se dedicaba al Senado y esto es ilegal», ha subrayado Herrero.
Para el portavoz, Carnero tendrá que tomar ahora decisiones: «si ir al Supremo, como le ha tocado con los carriles bici, o si quiere ejecutar la sentencia, veremos a ver». Respecto a la posibilidad de iniciar una reforma del reglamento como determina el TSJ, el socialista ha recordado que para poner en marcha ese proceso se contempla primero crear una ponencia. «La tradición en esta casa fija que cada vez que se modifica el reglamento, en algún aspecto, hay que contar, como es lógico, con un amplio consenso», destacó.
La última vez, en el año 2019, PP, PSOE, Toma la Palabra y Ciudadanos, con Vox al margen, abordaron varias modificaciones del texto. «No entenderíamos que se abriera ese melón de la reforma del reglamento sin contar con un amplio consenso y en este momento, a nadie se le escapa que no hay el clima, ni la confianza, ni la lealtad por parte del Gobierno municipal hacia la oposición, para que eso llegara a buen puerto. En cualquier caso, sería un trámite de meses», matizó, al tiempo que se preguntó qué postura tomará Vox en este contencioso.
«No sabemos si ahora la portavoz de Vox, que nos da lecciones de derecho todos los días, tendrá algo que opinar. Pero, en cualquier caso, es una decisión que se tomó ilegalmente y ahora tienen que tomar la decisión de qué hacen. Si acatan la sentencia o la recurren», concluyó Herrero.
También la portavoz de Toma la Palabra, Rocío Anguita, ha criticado «la nueva chapuza» del equipo de Gobierno, que vuelve a «conculcar la ley» tras la sentencia del TSJ sobre los carriles bus y bici para crear un puesto directivo que tenía que recogerse en el Reglamento Orgánico «como ya le advertimos». Anguita ha subrayado que Carnero ha derivado la responsabilidad que tiene como alcalde en un cargo que ahora se demuestra que queda fuera de la legalidad.
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