Carnero espera que se modifiquen los porcentajes para el soterramiento en Valladolid

Después de que el Gobierno haya vuelto a dar luz verde al anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible, donde se habla de las operaciones de integración ferroviarias, tanto soterradas como en superficie, Carnero apuntóque en la tramitación parlamentaria, el Grupo Popular hará el análisis correspondiente y fruto del mismo, tanto en el Congreso como en el Senado, se estudiará la introducción de las correspondientes enmiendas. Aseguró que hay un apartado importante, que señala que el Consejo de Ministros podrá aprobar otros porcentajes distintos a los que se establecen en los distintos apartados. Por ello, «puede ampliar perfectamente el porcentaje de participación de las administraciones ferroviarias».

En ese sentido, se mostró tranquilo, pero con independencia de los respectivos estudios y enmiendas que realice el Grupo Parlamentario Popular a este proyecto de ley. «Es una potestad que tiene el Consejo de Ministros de alterar los porcentajes y que, llegado el momento, puede ser utilizada en el proyecto de soterramiento que tiene emprendido la Junta y el Ayuntamiento», comentó.

«Nos estamos moviendo en otro ámbito, como es la modificación del convenio, que habla de una integración en superficie y nosotros queremos que sea soterrada. Queremos acabar con los túneles para las personas e introducir los túneles para los trenes, que son los que tienen que pasar por debajo, como ocurre en otras ciudades de España y como se acomete en otros lugares».

«Valladolid no puede ser más, pero tampoco menos que nadie. Tiene que quedar claro». Los proyectos que valen para otras ciudades tienen que valer para Valladolid, porque no se puede conformar con la «mal llamada integración», ya que esta ciudad quiere soterrar la vía del tren, al ser la «expresión de la voluntad popular que en mayo decidió la población de forma mayoritaria», subrayó. El resto son «imposiciones y mantenerse en una posición que no queremos», quien explicó que hay que apelar al Gobierno de España para que modifique el convenio del año 2017.

El regidor anunció la intención de celebrar un Pleno monográfico del Consejo de Administración en el cual se estudie el proceso de traspaso de la integración en superficie a la soterrada en la ciudad, donde habrá que hablar de longitud, de tiempo y plazos y de participaciones de las administraciones. Al estar en un proceso inicial negociador, este Ayuntamiento plantea «hablar y estudiar la mejor fórmula para Valladolid y apartarnos de la peor de ellas, que es seguir con los túneles del miedo, algo que no lo quiere este alcalde porque así lo han dicho los ciudadanos y no por un capricho propio».

«Llevamos desde mayo en el Gobierno municipal y hemos demandado que nos sentemos a hablar con la anterior ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y el actual responsable de la cartera, Óscar Puente, para empezar a tratar estos temas con la conclusión que corresponda, pero no hemos conseguido absolutamente nada», lamentó. «Obstáculos todos y ganas de avanzar en lo que pide la ciudad ninguna por parte del Gobierno de España».

De esa forma, se analizará el presupuesto de la sociedad para este año, los once millones no reajustado, porque recordó que la aportación que tiene que hacer este año la ciudad, de esos once millones, le corresponden en origen ocho, los otros tres son «herencia de los reajustes que Puente solicitó en los Consejos de Administración celebrados en el pasado y que la Sociedad de Alta Velocidad tuvo a bien a concederlo».

«No hay ninguna cuestión que impida que Valladolid pueda disponer ya de esos once millones para llevar a cabo proyectos importantes», como puede ser la renovación de la flota de autobuses. Si la respuesta fuera negativa, obedecerá únicamente a una «decisión política», porque la Sociedad Alta Velocidad «no va a ejecutar ni necesitar el dinero que ya tiene en caja para llevar a cabo las correspondientes actuaciones». Carnero dejó claro que el «estar todavía clamando y reivindicando» esos once millones es un «despropósito», ya que es el resultado de que el Gobierno de España «se exprese con tanta deslealtad hacia el Ayuntamiento de Valladolid», aseveró.