La tractorada de Valladolid busca hacer oír en la ciudad los problemas en el campo

Agricultores y ganaderos consideraban que la suya iba a ser una «manifestación histórica», según declararon en numerosas ocasiones, por ser de las primeras en Valladolid con gran magnitud de personas que reivindicaban unos precios más justos que permitieran mantener beneficios como productores de primer eslabón en la cadena distributiva, pero también por ser «probablemente una de las últimas que se puedan llevar a cabo en mucho tiempo si al final prohíben estas concentraciones de gente por el coronavirus». Sea como fuere, el caso es que las organizaciones agrarias UCCL, Asaja y COAG lograron concitar un millar de tractores y un millar de personas, de acuerdo a fuentes policiales, a su paso entre bocinazos por las calles de Valladolid, desde Colón hasta la Cúpula del Milenio, lo cual supuso un 'sorpasso' a sus previsiones (entre 200 y 400) y un «éxito absoluto» para que la sociedad visibilizara, y sobre todo oyera, el problema que tiene el campo.

«Ha sido una convocatoria totalmente exitosa», ha valorado José Ramón Alonso, presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores en Valladolid, para quien «nunca antes se había hecho una tractorada así». Alonso ha juzgado que estas movilizaciones demuestran «una gran empatía de la sociedad y los medios de comunicación». La principal reivindicación de esta tractorada clamaba por un aumento de los precios de los productos recolectados por estos trabajadores autónomos y sus asalariados, que según manifestaron varios de los presentes «no han variado desde hace tres décadas».

Un incremento y una regulación más estricta en la cadena distributiva, «que parece más pensada para los mercadonas que para los trabajadores del campo», apuntaron los organizadores con sorna, contribuirá a que su situación se torne «más competitiva y rentable».

Es una culpa «de todos los gobiernos constituidos en estos años, sobre los que los mercados han tenido mucho poder», pero es una responsabilidad «de los que están ahora» para revertir esa situación, han explicado el presidente de Unión de Campesinos de Castilla y León en Valladolid, Ignacio Arias, y el coordinador local de UCCL, Valentín García: «Queremos políticos de todos los colores que vengan a resolver problemas, no a hacerse la foto y ya está».

Otra de las reclamaciones choca con las previsiones a las que se enfrenta la Política Agrícola Común (PAC), que a buen seguro se verá recortada después de que las autoridades europeas resuelvan cómo se repartirán los presupuestos del plan estratégico 2021-2027 a partir de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, que en la comunidad puede suponer la pérdida de 875 millones de euros: «Reclamamos que ese dinero vaya a quien sea, sea pequeño o grande, mientras dediquen más del 50% de su tiempo a la agricultura y la ganadería, y más de la mitad de sus ingresos provengan de aquí, en lugar de que se lo lleve cualquier administración pública», han insistido desde UCCL, quienes además reclamaron una representación a nivel estatal de la que carecían por su condición de «bueyes sueltos», es decir, sin adscripción política, pese a ser mayoritarios en provincias como Valladolid y rondar el 27% de votos en comunidades como Castilla y León.

De otra parte, Alberto Duque, presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos en Valladolid, ha insistido en que el principal problema del campo era que les habían «comido los beneficios y dejado sin margen con la subida de los abonos, los herbicidas o el gasoil», y ha aseverado que el sector se encuentra, hoy por hoy, en recesión: «Los pueblos ya no son lo que eran: no hay sanitario, no hay escuela, no hay farmacia, y habrán desaparecido en diez años porque no hay un relevo generacional que los vea rentables», ha ponderado.

«Este problema es responsabilidad de las políticas europeas, pero sobre todo tiene una base en el momento en que la industria de este país apostó por la periferia para revitalizar la industria y el resto quedó como un desierto vacío», ha agregado. Cooperativas como Acor también se han dejado ver en solidaridad de lo que su presidente en Valladolid, Justino Medrano, ha querido calificar como una «jornada histórica» que visibiliza «un hartazgo general de una situación que afecta a todo el mundo».

Rubén Álvarez y Daniel Arribas eran dos jóvenes a la cola de la manifestación. El primero es hijo de agricultor de cereal de secano; el segundo, de familia ganadera. Ambos, de Medina de Rioseco, se han sumado a esta manifestación al entender que «si el cereal no sube en treinta años no hay margen para nuestras familias», y reclaman al Gobierno que intervenga. Este mismo miércoles se ha desarrollado la primera de las cuatro mesas del Comité Asesor Agrario que reunirá a los agentes del sector con el subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Álvarez-Ossorio. El tema inicial serán los seguros, y los tres siguientes versarán sobre la cadena de distribución alimentaria, la PAC o la fiscalidad.

Otro ejemplo de solidaridad generacional lo brinda Diego Martín, de 41 años, uno de los propietarios de Sat Valverde Agropecuaria en Valverde de Campos junto a su hermano y su padre, Isaías Martín, de 65 años: «En los ochenta el kilo de trigo valía 30 pesetas y hoy nos lo siguen pagando a 18 céntimos de euro», denuncian. «Sucede igual con el trigo, con la cebada, con la leche que antes era 120 pesetas y ahora nos cobran 70 céntimos de euro...». Incluso «un lechazo entero sigue costando 32 euros». El estancamiento se ve en la agricultura, que depende mucho de las condiciones climáticas según el año: «Hace dos fue muy bueno, hubo algún beneficio; pero el pasado fue muy malo y tuvimos que poner de nuestro bolsillo». Pero también en la ganadería: «Ha desaparecido un 80%, en nuestro territorio apenas quedan dos ganaderos de ovejas y han desaparecido los de vacas y los de cerdas», han señalado.

«Antes podías vivir con cien cabezas, ahora necesitas al menos mil», han añadido. La familia, que se percibe «contribuyente de la España vaciada», afirmó que han invertido «durante años como grandes profesionales», pero las condiciones se les han recrudecido tanto que «no pueden crecer». Además, insisten en que los primeros beneficios que reciben, más que a inversiones propias, van destinados en primera instancia a sus tres asalariados: «Lo primero que recibimos va siempre destinado a los trabajadores, que son sagrados», han subrayado.