El ex capellán de Angustias, preso por corromper a una menor, a punto de salir libre

Fuentes penitenciarias han precisado que el próximo mes de octubre el canónigo cumplirá las tres cuartas partes de su condena, por lo que podría salir en libertad condicional antes de final de año. Pero mucho antes, este próximo julio, podría recibir autorización para su primer permiso de salida, un permiso que ya ha solicitado y que la junta de tratamiento del centro penitenciario está valorando.

En último caso, tendrá que ser el tribunal sentenciador, la Audiencia de Valladolid, quien decida si concede al sacerdote pasar a la situación de libertad condicional, ya que ha cumplido la mayor parte de la condena de prisión impuesta y otras medidas que establecía la sentencia, como la de realizar cursos de educación sexual.

El religioso, que permaneció en arresto domiciliario desde que se denunciaron los hechos en enero de 2020 hasta el juicio, desde que fue condenado por sentencia firme ha pasado la mayor parte de su internamiento en el módulo de respeto de la prisión palentina, tiene en su horizonte otro procedimiento judicial, aunque esta vez no en calidad de acusado sino como perjudicado, pues ejerce la acusación particular por un delito de extorsión contra la madre y la tía de la menor que le denunció. Óliver F. siempre ha mantenido, tanto ante el tribunal que le juzgó y el magistrado que instruye la pieza separada del caso, que fue «chantajeado» por la familia de la niña y que le exigieron una gran cantidad de dinero a cambio de guardar silencio sobre su pederastia y de no denunciarle a las autoridades. En concreto, declaró que las tres mujeres le exigieron 120.000 euros para comprarse una casa en Rumanía, su país de origen. Las tres desaparecieron el día en que tenían que ir a ratificar la denuncia de abusos sexuales al juzgado.

Las diligencias por presunto delito de extorsión fueron abiertas de oficio por la Fiscalía vallisoletana y la investigación se sigue en el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital, aunque el procedimiento está estancado hasta que la policía pueda localizar a las mujeres denunciadas por el sacerdote, que están en busca y captura desde que desaparecieron el día en que tenían que ir a ratificar la denuncia de abusos sexuales al juzgado. Permanecen desde entonces en paradero desconocido.

El cura, mientras finiquita su condena, espera no solo a que las tres mujeres sean localizadas por la Policía para ser puestas a disposición judicial, sino también la decisión del Tribunal de la Rota sobre su futuro en la curia, pues todavía sigue tramitándose su expediente. El Vaticano, desde que tuvo conocimiento por el Arzobispado de Valladolid del procedimiento judicial abierto al entonces capellán de la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, hace tres años, no se ha pronunciado respecto de una condena eclesiástica que, en su grado máximo, supondría la expulsión del ministerio sacerdotal del cura vallisoletano.

Óliver F. ya había sido separado del servicio sacerdotal que desempeñaba en una parroquia de Zaratán por la denuncia del padre de una menor en 2010 y destinado por la anterior autoridad diocesana a una comunidad de religiosas antes de acceder a su último cargo en Las Angustias, donde conoció a la niña y a su madre, de origen rumano, quienes pedían limosna habitualmente a la entrada del céntrico templo.

En los últimos tres años, el Arzobispado de Valladolid ha recibido tan solo dos nuevas denuncias en el servicio de atención a víctimas de abusos sexuales. El primero de los casos llegó en 2021 y fue destapado inicialmente por el diario El País en su recopilación de testimonios de víctimas de pederastia en la Iglesia. Se habría producido en 1961 en el Seminario Menor de Valladolid. Un sacerdote habría realizado tocamientos a uno de los seminaristas, que era menor de edad entonces. El caso está prescrito penalmente, dado el tiempo transcurrido, y el agresor falleció hace años. Desde el servicio diocesano se le ofreció a la víctima de estos abusos asistencia psicológica, que aceptó y se sometió a varias sesiones terapéuticas.

El año pasado se abrió expediente del único caso que hasta hoy ha llegado directamente SAVA. Los hechos ocurrieron en 2011 en un piso que compartían la víctima, que tenía 17 años, y el sacerdote que supuestamente abusó de él. El caso también ha prescrito desde el punto de vista penal, pero el proceso canónico abierto a este eclesiástico «sigue su curso». Por el momento, el denunciante «ha declinado recibir acompañamiento terapéutico o espiritual», según han informado fuentes diocesanas.

La Diócesis tramita exclusivamente las denuncias relacionadas con sacerdotes, puesto que si se trata de religiosos miembros de congregaciones y órdenes religiosas, cada una de ellas es independiente y gestionan este tipo de denuncias directamente desde sus propias oficinas en las casas matrices, sin pasar por la autoridad diocesana. Concretamente, en Valladolid están censados 971 religiosos que pertenecen a 66 congregaciones radicadas en la capital y la provincia, según el registro facilitado por la Conferencia Española de Religiosos (CONFER).

Entre las órdenes de mayor presencia en la provincia que trabajan con la infancia están las Escuelas Cristianas de los Hermanos de la Salle, la Compañía de Jesús (Jesuitas) y los Hermanos Maristas de la Enseñanza. En las oficinas de La Salle y Maristas no se han recibido denuncias de casos de pederastia que hubieran podido producirse en sus centros escolares de Valladolid, según han indicado los responsables de comunicación de estas órdenes religiosas. En el caso de los Jesuitas, la compañía no facilita datos provincializados. En el 'Informe sobre los abusos cometidos por religiosos jesuitas en las provincias españolas' desde 1927 a la actualidad, publicado en enero de 2021, se recopilan los casos de 81 menores y 37 adultos agredidos sexualmente por religiosos de esta orden en este periodo de 93 años; 17 de los jesuitas agresores están vivos y 48 fallecieron. Cuatro de los casos (tres niños y un adulto) se localizan en Castilla y León. Los victimarios de los menores están ya muertos y en el caso del adulto, el religioso que le agredió, aún vive.

El informe 'Para dar luz' de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el primero y único documento hasta el momento hecho público sobre la pederastia en la Iglesia católica en España, refleja que al menos 728 sacerdotes y religiosos están acusados de abusar de menores desde antes de 1950 hasta finales de 2022 y contabiliza 927 víctimas, si bien estas cifras se refieren exclusivamente a las denuncias recibidas desde junio de 2020 en las oficinas de protección del menor de las diócesis y las congregaciones. En el 81% de los casos, las agresiones fueron «de carácter homosexual masculino». La mayoría de estos casos conocidos, 172, se produjeron entre los años 1970 y 1980.

De esos 728 testimonios sobre abuso sexual infantil, principalmente ocurridos en colegios, seminarios e internados, 283 casos (dos de ellos, en Valladolid) se han recogido por oficinas diocesanas y los otros 445, en las oficinas de las congregaciones religiosas. Más del 99% de los agresores son hombres y solo hay referencia a cinco mujeres agresoras. En el caso de las víctimas, el 82,62% de ellas fueron niños, y el 17,38%, niñas.

Respecto de los victimarios, 170 (23,36%) fueron clérigos diocesanos; 208, clérigos consagrados (28,58%), mientras que 234 (32,14%) fueron religiosos no ordenados sacerdotes, la gran mayoría, varones. En este listado de la pederastia en el seno de la Iglesia católica se cuentan también como agresores 92 laicos (12,63%), un diácono y otras 23 personas (el 3,6%) figuran en el capítulo de «desconocido».