Un PP sin candidato carga el pleno del Ayuntamiento de asuntos nacionales

Los asuntos nacionales aterrizaron en el salón de plenos cuando el PP presentó una moción para que se suspendiera la tramitación de la iniciativa parlamentaria para derogar el delito de sedición, para que no se lleve a cabo ninguna modificación en el Código Penal del capítulo dedicado a la malversación, para que se reforme la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual y para solicitar al presidente del Gobierno el cese inmediato de la ministra Irene Montero. «¿Tenemos que imaginar que esto es el Congreso de los Diputados? Con nosotros no cuenten», afirmó el concejal de Hacienda, Pedro Herrero, que tardó poco en desdecirse y entró al trapo en su segunda intervención. «Hacen política azuzando al nacionalismo y el nacionalismo se alimenta de más nacionalismo», incidió Herrero para abrir después otro melón más propio de la cámara baja que del salón de plenos de un Ayuntamiento. «¿Cómo tienen la cara dura de traer esto teniendo secuestrado el Consejo General de Poder Judicial?», añadió para echar más leña local a la hoguera nacional.

Ahora que Mañueco se suma a Feijóo y reclama elecciones generales de forma «urgente e inmediata», la política nacional se cuela por cualquier rendija para que los asuntos de estado interfieran en los asuntos municipales. O viceversa, según se mire. No obstante, en las más de seis horas de debate de hoy también ha habido titulares en clave vallisoletana. El más importante de ellos puede ser que el próximo martes, día 20, el Ayuntamiento de Valladolid firmará con el Ministerio el protocolo del Campus de la Justicia. El pleno aprobó por unanimidad el mes pasado la moción del PP -con enmienda del PSOE- que instaba al alcalde a retomar «de forma inmediata las negociaciones con el Ministerio de Justicia y que finalicen con la firma de un protocolo en el que se recojan, como mínimo, aspectos como el compromiso de ejecución del proyecto en un plazo de tres años y el presupuesto efectivo para la realización de la Ciudad de la Justicia». Pues ya está aquí el protocolo. Según ha apuntado el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, el Ayuntamiento se ha reunido con altos cargos en enceuntros con el Ministerio de Justicia y en una semana se firmará el escrito que pondrá en marcha el proyecto de unificación de las sedes judiciales en la capital, conocido como Campus de la Justicia. El documento incluirá un presupuesto estimado, plazos para la ejecución del proyecto y recogerá el convenio por el cual el Ministerio obtendrá la cesión de las parcelas del colegio El Salvador y del aparcamiento del antiguo hospital Del Río Hortega, que ya son propiedad del Ayuntamiento.

Otro de los asuntos locales tratados fue la aprobación inicial de la ordenanza que regulará la zona de bajas emisiones, un asunto sobre el que se ha debatido largo y tendido en el salón de plenos y sobre el que ayer hubo una nueva entrega con los detractores y partidarios habituales. Francisco de Paula Blanco fue el encargado de hablar sobre este tema en nombre del PP, que señaló que esta ordenanza «no gusta a nadie», mientras que del lado del equipo de Gobierno Luis Vélez, concejal de Movilidad, incidió en la idea de que esta es una medida a la que obliga la Ley y anadió que son muchas las subvenciones de Europa que van vinculadas a la creación de estas zonas de bajas emisiones.

Una moción que subió la temperatura del salón del plenos llegó de la mano de Vox, que solicitó reprobar al alcalde después de que el TSJ condenase al Ayuntamiento por vulnerar el derecho de reunión y disolver una concentración en la Plaza Colón en octubre de 2020. «La ultraderecha que quiere prohibir a otros partidos políticos va de víctima. Es el lobo contando su versión de caperucita», espetó Pedro Herrero, especialmente crítico con las estrategias de marketing callejero adoptadas por el partido de Abascal, que ha llevado más de 90 mesas informativas este año a las calles de la ciudad. «Tendrá que ser el Tribunal Supremo el que diga quién tiene la razón. El Ayuntamiento tiene derecho a la justicia», afirmó el concejal de Hacienda, que presentó una enmienda de sustitución y no ahorró en calificativos despectivos hacia el partido de Abascal.

«Es una prohibición arbitraria a una mesa que no molestaba a nadie. ¿Alguien nos quiere explicar de dónde venía la orden?», se preguntaba Javier García Bartolomé, portavoz de Vox, que obtuvo una respuesta del propio alcalde de Valladolid, Óscar Puente. «Me sorprende como son ustedes tan tajantes con asuntos tan vidriosos. En el mundo judicial la cuestión suscita dudas. Vox tiene derecho a reunirse cuando quiera, la cuestión es cómo», apuntó el alcalde.

Al final de un tenso debate -en el que García Bartolomé aseguró que «el Ayuntamiento tiene derecho a seguir malgastando el dinero público con más recursos»-, la enmienda de sustitución fue aprobada, por lo que la moción no salió adelante.

También se aprobó una moción para solicitar formalmente a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) la cesión a Asvafer el uso provisional de las antiguas naves de locomotoras para destinarlas a la salvaguarda temporal de los 28 vehículos históricos en propiedad de esta asociación o custodiados por ella.

Además, otra moción del PP, relativa a la adenda de servicios sociales con la que la Junta ha incrementado la aportación al Ayuntamiento recientemente, quedó también sustituida por una enmienda del PSOE, que instó a la Gerencia de Servicios Sociales a mejorar esta financiación y a aportar el 90% del gasto total que Ayuntamientos y Diputaciones realicen en el servicio de ayuda a domicilio, ya que actualmente aporta el 46%, según informa el equipo de Gobierno.

El pleno decidió por unanimidad conceder la Medalla de Oro de la Ciudad de Valladolid a José Jiménez Lozano. Este reconocimiento llega a título póstumo, cerca de tres años después del fallecimiento del escritor abulense que fue director de El Norte de Castilla en la década de lo 90.

Por último, la moción del grupo municipal Ciudadanos para ampliar la zona de la ORA al barrio Huerta del Rey en el entorno de la Feria de Muestras no salió adelante. El partido naranja pretendía aprobar esta iniciativa después de que los vecinos explicaran a su grupo que para los residentes es una misión imposible encontrar aparcamiento, pero los votos en contra de los dos partidos del equipo de gobierno no permitió a esta propuesta prosperar. «No cabe considerar el ámbito de la Ora como un espacio que se pueda extender sin más», zanjó el concejal de Urbanismo y Vivienda, Manuel Saravia en un pleno municipal que tuvo mucho de nacional.