Marina Echebarría Sáenz | Catedrática en Derecho Mercantil

«Hay una campaña de pánico moral falsa con la 'ley trans'»

Lo relata con sus puntos y comas para intentar zanjar un debate instalado en la sociedad sobre aquellos hombres, condenados por malos tratos, que se cambian de sexo en busca de una ventaja indebida e inexistente. «La rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de nombre, no alterarán el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción del cambio registral, fuera aplicable a la persona a los efectos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género», relata para argumentar una realidad que le indigna. «El artículo es bastante claro. Cámbiate el nombre, el sexo, de domicilio o de club de fútbol..., que si has cometido un delito de violencia de género, se te juzga por el estatus que tenías en ese momento. No hay retroactividad penal», explica desde su despacho en la universidad Marina Sáenz para ir más allá en esta situación. «Y si alguien se cambia de sexo para cometer un delito, este sería premeditado», incide.

Denuncia una campaña «política e idiológica». «Hay gente detrás organizando este escándalo. Eso no es una casualidad, se está fomentando y haciendo una campaña de pánico moral que es falsa», añade. Porque la catedrática en Derecho Mercantil lamenta que muchas personas «hayan comprado una idea que se vende en foros, en los que se afirma que lo que te pasa es porque eres hombre y no por tus conductas. No hay ningún sitio en la ley en el que diga si eres mujer se te va a dar la tutela de los hijos, por ejemplo».

Ese pánico moral al que hace referencia Sáenz viene sujetado, según refleja, en titulares que se han visto durante la entrada en vigor de esta ley. «Están los casos de los militares y policías de Ceuta que en bloque, de la noche a la mañana, se han dado cuenta de que son mujeres. De esos ventitantos, menos de cinco han confirmado el cambio de sexo. Pero el pánico moral ya está. Y luego están esos tres o cuatro que se han creído que pueden tener ventajas. ¿Qué ventajas tienen las mujeres?», pregunta para abordar esta nueva realidad que a ella le molesta.

Como experta en la materia y con la ley en la mano, la catedrática da un paso más allá en las posibles consecuencias que traería ese cambio de sexo y en un más que posible fraude de ley. «En el derecho español está prohibido. Sin salir de la ley del registro civil, las simulaciones del matrimonio o del parto han existido siempre. Y el remedio siempre ha sido el mismo cuando se demuestra. Cuando se conoce que alguien quiere tomar un beneficio de la norma, cualquier interesado puede demandarlo o ponerlo en manos de la Fiscalía, y la sanción en el abuso del derecho es la nulidad del acto. Y por tanto la retroacción a la situación anterior», remarca.

Insiste en que ha detectado muchos abogados «ultraderechistas» que incitaban en las cárceles al cambio de sexo de los hombres «porque les decían que iban a estar mejor». «Vuelvo a insistir en que no hay retroactividad penal, le van a aplicar la misma condena que tienen y en cuanto al cambio de galería en prisión, muchos no han picado porque conocen también el derecho penal y saben que un hombre agresor de mujeres en una galería de hombres, su peligrosidad es menor. En cambio, en una de mujeres cambia», reitera.

Con los datos anuales, desde la entrada en vigor de la ley se han acumulado más de 5.100 peticiones de cambio de sexo, de las que «unas treinta son potencialmente fraude». «Más de veinte salieron de golpe en Ceuta y casi diez en Canarios. Dos actos aislados que acumulan casi la totalidad. Y prácticamente todos han salido en prensa. Muchos han hecho la solicitud, pero no la han ratificado. Solo estaban buscando el impacto mediático. Las que acudimos al registro tenemos claro que queremos vivir conforme a nuestro ser. Estas personas están intentando derribar los derechos que tanto nos ha costado conseguir, además de poner en peligro las normativas en igualdad y en violencia de género», manifiesta Marina Sáenz.

Por eso, la catedrática solicita no dar voz a esas personas, contrastar los hechos con una ley «clara» y solicitar al Ministerio de Justicia que refuerce el trámite de información a los solicitantes y explicar la posibilidad de fraude de ley.