Campaña de denuncias para actualizar a los jóvenes investigadores

La campaña coincide con la actualización del cobro de trienios a los docentes pre y postdoctorales, con los que la UVA se comprometió a regularizar estas percepciones a partir de 2023. «En nuestro caso dicen que no pueden hacerlo porque necesitan un 'instrumento jurídico' que no es otro que el convenio colectivo», explica el presidente de Iniciativa, Andrés Dueñas Castrillo.

El objetivo de estas denuncias es presionar a través del Registro del Rectorado para que, si en tres meses no obtienen una respuesta, poder acudir a los tribunales. El Convenio Colectivo del Personal Docente Investigador (PDI) en régimen laboral de las universidades públicas de Castilla y León sólo reconoce este derecho para el personal PDI con contratos indefinidos.

Su renovación en la UVA, así como en las otras tres universidades de la comunidad, todavía está pendiente de un calendario de negociación sin fechas. Pero los afectados esgrimen que «por encima del convenio está el ordenamiento jurídico, que establece que no puede haber ningún tipo de discriminación entre este tipo de trabajadores y los temporales». Además citan el Estatuto de los Trabajadores (artículo 15.6) y la Directiva 1999/1970 CE, del Consejo de la Unión Europea.

«Varios Tribunales Superiores de Justicia -Madrid, Cantabria y Andalucía- han dado la razón a los afectados», alega Dueñas Castrillo, que recuerda al actual equipo rectoral que «otras universidades del país ya están pagando a sus profesores ayudantes doctores sin reclamación previa» (casos de La Rioja o La Coruña).

Este colectivo incluye en sus demandas a la Junta de Castilla y León como «responsable de la financiación de la educación superior». Estos profesores universitarios de Castilla y León cobran aproximadamente un 10% menos de la media nacional, carencias que no podrán cubrirse si no hay una aportación desde los presupuestos regionales.

Las cuatro universidades públicas de Castilla y León se sitúan en la zona media española en los índices de precariedad laboral de sus docentes. Una investigación de la Universidad de Granada (UGR) advierte del avance de lo que sus autores llaman modelo 'low cost' que les acerca a la gestión de plantillas de las empresas privadas.Este 'ranking, elaborado por el Departamento de Sociología, lo lideran las universidades catalanas (Rovira i Virgili, Pompeu Fabra, Girona, Barcelona, Autónoma de Barcelona y Lleida), con porcentajes de profesores asociados (externos), entre el 58% y el 69% de sus plantillas. En el otro extremo la UNED (9%) y la de Granada (12%) figuran como los más estables. La mejor de Castilla y León es León con un 28% de contratos precarios, seguida de la UVA (37%), Salamanca (38%) y Burgos (42%).