El Gobierno anuncia en Valladolid un fondo estatal para exhumar a represaliados del franquismo

La futura Ley de la Memoria Histórica, que vendrá a «ampliar y mejorar» la aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, incluirá no solo el citado plan de exhumaciones sino también «la creación de un banco de ADN para identificar a las personas que puedan ser recuperadas». La vicepresidenta, además, adelantó que su Gobierno «se va a emplear a fondo en este asunto» y añadió que trabajará para «restituir la ignominia que supusieron los juicios sin garantías jurídicas de ningún tipo para muchas víctimas que aún requieren también reparación».

«No puede haber justicia sin verdad y no puede haber paz sin justicia para los familiares de estas víctimas que siguen en fosas comunes sin identificar», incidió la ministra de Memoria Democrática antes de reiterar que «no queremos ser una democracia con desaparecidos y fosas comunes» y de aclarar que «no se trata de reabrir heridas sino de cerrarlas para siempre con verdad y justicia».

Carmen Calvo ahondó en que la futura Ley de Memoria Histórica «reforzará y cubrirá las lagunas» de su antecesora de 2007 (la Ley 52/2007) y mostró también la intención del Gobierno de «resignificar el Valle de los Caídos, una vez que el dictador ya no está allí –sus restos fueron exhumados el 24 de octubre de 2019–, para convertirlo en un lugar de respeto, de paz y se silencio por las víctimas que allí están y que son de los dos bandos». El Ejecutivo, según recordó su vicepresidenta, «reivindica la titularidad del Pazo de Meirás (La Coruña)–el proceso judicial comenzó el lunes–, que está incluido en lo que consideramos una parte del expolio de muchos bienes públicos o de personas jurídicas, como sindicatos y partidos represaliados, que fueron expropiados durante la dictadura».