La ley para devolver el cajero automático a todos los pueblos de Valladolid coge velocidad

El Congreso ha empezado a desbloquear la ley que debe garantizar los servicios financieros en la España vaciada con la publicación de las primeras enmiendas para su debate, una nueva normativa de especial interés para provincias como la de Valladolid, donde más de 33.000 habitantes de 173 pueblos no tienen oficina bancaria a la que acudir. La situación podría revertirse hasta el extremo de que una nueva ley puede acabar obligando a que todos los municipios tengan al menos servicio de sucursal, oficina móvil, cajero o agente que proporcione servicios bancarios a sus habitantes.

El proceso se ha reiniciado a finales de este pasado mes de octubre cuando se han publicado las enmiendas de los grupos al texto que ha llegado al Congreso desde el Senado, donde ya se ha aprobado. La iniciativa quiere ser la respuesta a la progresiva pérdida de sucursales y cajero en el mundo rural por el cierre de 25.000 oficinas bancarias, el 58% de las que había en 2008. Ese proceso ha dejado sin sucursal ni cajero a un 1,5% de la población española más de 650.000 personas.

En el caso de Valladolid, eran ocho los municipios de más de 500 habitantes en esta situación. El más grande, La Pedraja de Portillo, un municipio a menos de 25 kilómetros de la capital con 1.122 habitantes sin sucursal ni cajero fijos lo recuperó el año pasado como parte de un programa piloto de la Diputación. «Hacía años que lo habíamos perdido tras cerrar el banco que había. Se utiliza bastante, antes había que irse a Portillo», comenta su alcaldesa, María Henar González. Así es la vida a kilómetros del efectivo.

Es el resultado de la pérdida de sucursales bancarias, de las que hoy abren sus puertas un tercio de las que había en el momento cúspide de la expansión bancaria. Desde entonces, año 2008, han cerrado cerca de 400 en toda la provincia y con ellas también sus cajero: adiós a poder sacar dinero, hacer trámites o acceder a servicios. Y hola a viajes de hasta 30 kilómetros para ir al banco.

Una vez el problema fue evidente, el sector bancario empezó a buscar soluciones y pactó una estrategia con la administración, pero el trámite legislativo ha aumentao la exigencia. Si la banca prometió centrar las mejoras en los municipios de más de 500 habitantes sin cajero, el Senado y ahora el Congreso quieren que se extiendan a todos los que no lo tienen.

La ley salió del Senado antes del pasado verano con la garantía de que todos los municipios en exclusión financiera tuvieran derecho, como mínimo, a un cajero. Se consideran municipios en situación de exclusión todos los que interegren una lista oficial que se tiene que elaborar y en la que entrarán todos los que no cuenten con este servicio. En principio, se marcó el límite de los 500 habitantes para asegurar un cajero, pero ahora se va a hacer universal. Habrá al menos uno y podrían ser más si prospera alguna de las enmiendas para regular su localización en caso de municipios con entidades menores. Su principal función será la retirada de efectivo en todo el territorio nacional.

No obstante, esto va a depender de cómo se resuelva el trámite porque las enmiendas del grupo socialista plantean que, en el caso de los municipios de menos de 500 habitantes, cuente como punto de retirada el servicio de oficinas de Correos o carteros rurales que ha empezado a desplegar la empresa postal. Por contra, el Grupo Parlamentario Plural plantea incluso la obligación de llevar los cajeros a barrios en exclusión financiera. Anejos, pedanías y grandes municipios con pocos cajeros también pueden verse beneficiaados.

Según los términos de la ley, el cajero automático de proximidad prestará servicio de manera continuada las 24 horas del día, todos los días del año, y dispondrá de las características y funcionalidades técnicas propias de los cajeros automáticos de las redes de cajeros automáticos de las entidades financieras proveedoras.

En el texto remitido desde el Senado al Congreso se especifican las funciones que, como mínimo, deberán permitir estos cajeros y las condiciones en las que tendrán que operar. Deberán permitir la retirada e ingreso de dinero en efectivo, el pago de recibos y tributos, consultas de movimientos y saldos, obtención de extractos y realización de transferencias. En ningún caso se podrán cargar comisiones por el servicio o mantenimiento del cajero de proximidad y se establecen también requisitos para instalarlos, de lo que se tendrán que encargar los ayuntamientos; los costes correrán a cargo de las entidades bancarias.

El catálogo de servicios podría mejorar cuando se complete su paso por el Congreso. En el período de enmiendas, Tomás Guitarte de Teruel Existe (grupo mixto) ha propuesto ampliar las prestaciones de los cajeros rurales y que se puedan pagar impuestos de todas las administraciones y también multas.