El cabecilla de una gran estafa de jamones y un testaferro, a juicio diez años después

Si nada se tuerce esta vez, se podrá sentenciar un accidentado procedimiento judicial que arrancó en 2012 contra la empresa Dismarianga SL y que se ha prolongado en el tiempo ante la imposibilidad de localizar a los procesados principales, que han estado huidos de la Justicia durante años. Dos de los encausados, Antonio Mariano Gallego Hernández y José Javier Cortés García se conformaron en su día con penas de dos años de prisión, mientras que Julián Abellán Tomás, el hijo del empresario que se va a sentar en el banquillo el próximo lunes, es el único que continúa prófugo.

Ahora, el encausado principal (que ya fue condenado por la Audiencia de Teruel por estafa a seis meses de prisión, aunque la pena le fue suspendida en 2011 por cinco años) se enfrenta a siete años de prisión mientras que el fiscal solicita para el testaferro cinco años y medio de prisión. Les acusa de un delito continuado de estafa y otro de pertenencia a grupo criminal.

Según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía de Valladolid, los acusados, de común acuerdo y con el propósito de obtener un beneficio patrimonial ilícito, se sirvieron de la mercantil Dismarianga SLU, con sede en la avenida de Madrid de Valladolid, adquirir mercancías, en su mayoría de productos cárnicos y lácteos, sin abonar el importe de los pedidos.

Si bien en un principio abonaban los pedidos iniciales, para así ganarse la confianza de sus víctimas y aparentar solvencia, a posteriori realizaban pedidos mucho más cuantiosos y una vez recibida la mercancía simulaban el abono mediante pagarés los cuales, llegado su vencimiento, eran devueltos por los bancos por falta de fondos.

Mediante este procedimiento, a lo largo de 2011, realizaron numerosos pedidos de mercancía a empresas radicadas en Valladolid, Lugo, Leganés, Madrid, Barcelona, Guijuelo (Salamanca), Gerona, Badajoz y Segovia, de las que obtuvieron genero por importe global de 446.196 euros que no abonaron. Ni tan siquiera pagaron el material de oficina, por importe de más de 9.000 euros que encargaron a Papel y Complementos Castilla.

Para las acusaciones, José Abellán Navarro es el 'cerebro' de la estafa continuada y quien tomaba las decisiones, aunque no negociaba con los proveedores ni firmaba documento alguno «para evitar ser descubierto». Su hijo Julián, en paradero desconocido para la Justicia, daba servicio y apoyo y se encontraba en un tercer nivel, mientras que Diego López García figuraba como uno de los dos administradores y dueños de la mercantil, haciendo de pantalla o testaferro.