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En 2018 comenzó el calvario de la familia de Rocío Gutiérrez, sin que ella tuviese constancia. Su hija, que por entonces tenía cuatro años, sufría humillaciones e insultos en el colegio por parte de varios compañeros. La situación, desconocida por esta madre, fue en aumento ... y con el cambio de etapa, en el primer curso de Primaria, se intensificó. Tras descubrir lo sucedido intentó hablar con el centro, del que no recibió respuesta, y tomó la decisión de interponer una denuncia. Por su parte, la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León asegura tener constancia de lo ocurrido y asegura que los profesionales del centro concluyeron que no se podía determinar «que existiera acoso escolar». Aun así, «se puso un marcha un plan específico de prevención en el que se implicó a profesorado, equipo directivo, alumnado y familias», añaden.
Pero Rocío se ha enterado de estos actos violentos contra su hija en enero de este año, cuando la niña tiene ocho años y llevaba cuatro sufriendo acoso. La mitad de su vida. «Ella no me decía nada por miedo a que yo le riñese, pero los profesores tampoco me comunicaron la situación que estaba viviendo», explica Rocío. Fue la madre de otro niño la que ayudó a descubrir la magnitud de lo que ocurría. «Vino en enero a la salida del cole y me comentó que si era consciente de lo que le pasaba a la niña, que tenía que hacer algo para pararlo. Acto seguido entré para hablar con la directora y su respuesta fue que no tenía tiempo porque tenía que dar clase», recuerda.
En este sentido, la Consejería de Educación de la Junta explica que «desde el pasado mes de febrero el CEIP Margarita Salas ha realizado todas las actuaciones establecidas en el Protocolo específico de actuación en supuestos de posible acoso en centros docentes». Por ello, se puso en marcha un plan en el que se han desarrollado «intervenciones individuales, actividades para desarrollar habilidades personales para fomentar la cohesión y el respeto, el fomento de no ocultar situaciones injustas o conflictivas y trabajar en la empatía y rechazo total a cualquier tipo de agresión».
En Valladolid y durante el curso escolar 2019-20 se produjeron 4 casos de acoso confirmados, pero la cifra asciende hasta los 63 casos de posible acoso, según los datos recogidos por el informe del Observatorio del Acoso sobre la convivencia escolar. Estos casos se dan mayoritariamente en los cursos de primaria y E.S.O., pero no en la etapa de infantil.
El ciberacoso también preocupa a padres, madres y colegios, ya que durante el pasado curso escolar se produjeron en Valladolid tres casos de este tipo de bullying.
Las cifras de Castilla y León reflejan que se dieron 20 casos confirmados y 271 posibles.
La sorpresa e indignación de Rocío y su marido han ido en aumento al descubrir lo que su hija soportaba de lunes a viernes: «le hacían comer el almuerzo del suelo, no le dejaban beber agua y llegaba a casa sin ingerir nada desde el desayuno». Además, asegura que «le bajaban los pantalones, la empujaban y tiraban a los charcos de barro y la profesora se limitaba a ponerla en un radiador para que se secara». La situación empeoró cuando la menor comenzó a autolesionarse con un lapicero y a vomitar por las mañanas. «No quería ir al colegio y me decía que estaba mala, vomitaba el desayuno y se hacía hematomas y heridas en las piernas con un lápiz, algo que nos llamó la atención y vimos que no estaba bien». Y ahí comenzó su batalla.
Desde entonces, Rocío no ha cesado en sus intentos de hablar con el centro, tanto dirección como profesores, y con otras madres que, según muestra en varias conversaciones de WhatsApp a las que El Norte ha tenido acceso, «sabían de lo ocurrido porque sus hijos se lo contaban, aunque no con tanto detalle». Además, lleva cuatro meses recopilando pruebas e información sobre lo ocurrido y hasta han vendido una casa en propiedad en un pueblo de Valladolid para poder hacerse cargo de los gastos derivados. «Tengo la denuncia, su resolución y el recurso, así como todas las facturas de salud mental y de la psiquiatra, que ha diagnosticado a mi hija con un trastorno del control de los impulsos y tiene que tomar ansiolíticos para poder ir a clase», precisa Rocío. La Fiscalía de Menores ha desestimado la denuncia porque «los menores implicados carecen de responsabilidad penal» al no haber cumplido los 14 años, pero Rocío ha contratado un abogado y ha recurrido la decisión.
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En su lucha, aseguró, llegará «hasta donde sea necesario para que los agresores paguen por lo que han hecho y la justicia les haga reconocerlo, porque el acoso escolar ha destrozado la infancia y la vida a mi hija». De momento, la decisión que han tomado ella y su marido ha sido el cambio de colegio para la niña, aunque aseguraron que «así no se termina la situación porque esos niños encontrarán una nueva víctima a la que hacer daño».
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