Al banquillo uno de los cinco implicados en la estafa de medio millón en jamones

El acusado, a quien el fiscal pide un total de siete años de cárcel--seis por estafa continuada y uno por pertenencia a grupo criminal--, tenía que haber sido juzgado el 3 de febrero de 2020, si bien entonces ni él ni su hijo, Julián A.T, ni Diego L.G, también encausados, comparecieron ante el tribunal vallisoletano y fueron declarados en busca y captura.

Sí lo hicieron por contra ese día otros dos de los acusados, José Javier C.G. y Antonio Mariano G.H, el primero de ellos de forma voluntaria y el segundo tras haber sido detenido y puesto a disposición del tribunal sentenciador.

Ambos se declararon culpables y asumieron una condena de dos años de cárcel por un delito continuado de estafa y otro de pertenencia a grupo criminal, frente a los seis años y medio que pedía el fiscal para el primero y los cinco y medio para el segundo, a quienes, por el mismo orden, se impusieron también multas de 900 y 450 euros.

A ambos, la Audiencia de Valladolid les aplicó la atenuante de dilaciones indebidas así como la de drogadicción en el caso de Antonio Mariano y de reparación parcial en el de José Javier, al haber abonado ya éste 4.000 euros en concepto de indemnización, una mínima parte del total de cantidades que habrá de satisfacer, junto a su compañero de banquillo, para compensar los daños causados a las mercantiles afectadas.

Cerrada la causa contra estos dos, la Audiencia de Valladolid tiene previsto celebrar ahora juicio en solitario por los mismos hechos contra José A.N, ya que su hijo Julián sigue en paradero desconocido y un tercero, Diego L.G, detenido en su día en un aeropuerto de Argentina por tratar de introducir en aquel país seis kilos de cocaína procedentes de Bolivia, no llegará a tiempo por muy poco y será juzgado próximamente.

Contra dicho encausado, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas, se inició procedimiento de extradición que fue atendido y está previsto que el reo llegue a España procedente de Argentina entre los días 7 y 8 de mayo, con lo que una vez aquí permanecerá en prisión a la espera de que la Audiencia de Valladolid dicte fecha de juicio.

Este individuo, murciano al igual que los otros cuatro acusados, ya fue detenido hace años en Brasil y cumplió seis años de prisión al ser interceptado cuando ejercía de 'mula', también implicado en otro delito de tráfico de drogas.

A todos ellos se les imputan un delito continuado de estafa y otro de pertenencia a grupo criminal por concertarse para a través de la mercantil Dismarianga SLU, con sede en Valladolid, adquirir mercancías, en su mayoría de productos cárnicos y lácteos, sin abonar el importe de los pedidos.

Si bien en un principio abonaban los pedidos iniciales, para así ganarse la confianza de sus víctimas, a posteriori realizaban pedidos mucho más cuantiosos y una vez recibida la mercancía simulaban el abono mediante pagarés los cuales, llegado su vencimiento, eran devueltos por los bancos por falta de fondos.

Mediante este procedimiento, a lo largo de 2011, realizaron numerosos pedidos de mercancía a empresas radicadas en distintos puntos de España, desde Valladolid, Lugo, Leganés, Madrid, Barcelona, Guijuelo (Salamanca), Girona, Badajoz y Segovia, de las que obtuvieron genero por importe global de 446.196 euros que no abonaron.

En el organigrama de la organización, a José A.N. los acusadores le confieren el papel de cabecilla, tomando las decisiones de la empresa pese a no aparecer nunca frente a los proveedores ni firmar documento alguno, mientras que José Javier C.G. era el principal apoyo del primero y quien, en un mismo nivel por su poder de decisión, actuaba ante las víctimas como comercial de la mercantil, contactando con ellos, realizando los pedidos y entregando los pagarés.

Un hijo del primero, Julián A.T. se dedicaba, presuntamente, a dar servicio y apoyo a los anteriores, mientras que Antonio Mariano G.H. y Diego L.G. figuraban frente a terceros como administradores y dueños de la mercantil.