El Ayuntamiento redujo el año pasado la cuantía de los contratos menores –aquellos que se adjudican sin necesidad de concurrencia pública– y se acerca así, sin cumplirla aún, a la recomendación del interventor municipal, que sugiere que se minimice este tipo de procedimiento ... para que no suponga más del 5% de todas las contrataciones que lleva a cabo la administración local a lo largo del año. Durante 2016, el Consistorio utilizó esta vía para adjudicar contratos por valor de 6.612.941,22 euros (7,41%). Son cinco puntos menos que el año anterior, 2015, cuando los contratos menores supusieron el 12,84%, con 8.252.697,16 euros. El objetivo propuesto por el interventor es acercarse a ciudades como Bilbao (5%).
Publicidad
Así, pese a la reducción del año pasado, en Valladolid todavía no se alcanza ese objetivo deseable. Y más, si se tiene en cuenta –como alertó ayer la oposición en el pleno– que hay concejalías, como Educación, en las que este tipo de contratación se disparó durante el año pasado, con un crecimiento del 42,69%.
¿Por qué es relevante reducir el peso de los contratos menores? Un informe del interventor del pasado mes de julio recuerda que este tipo de contratos suponen «una limitación, dentro de la legalidad, de los principios de publicidad y concurrencia, siendo por lo tanto, menos eficientes y económicos respecto a los restantes procedimientos». Además, al no haber un concurso abierto, se puede caer en la discrecionalidad en la adjudicación. Esta vía, que es legal, se suele elegir por su mayor celeridad en la resolución (aquellas situaciones que requieren respuesta urgente), que no suponen una cuantía elevada (de 50.000 euros para obras y 18.000 para el resto) y que se pueden resolver con una factura.
¿Ejemplos? Contratar un evento cultural concreto, la compra de bombillas fundidas o pinturas para farolas. En total, durante 2017, mediante este procedimiento, el Ayuntamiento firmó 7.484 contratos (otros 3.687 más en organismos y fundaciones dependientes del Consistorio). Una cifra que el PP considera aún elevada. Por eso, reclamó ayer que la comisión de vigilancia y control de la contratación analice estos contratos «para resolver supuestos dudosos».
Entre otros, el portavoz del PP, José Antonio Martínez Bermejo, apuntó el posible fraccionamiento de contratos (en la Feria del Libro y el bicentenario de Zorrilla) o un listado de empresas que reciben «múltiples contratos menores» y que «vulneran la recomendación del interventor» de no superar la cantidad máxima anual por empresa de 80.000 euros por obras y de 30.000 por el resto de contratos. La edil de Ciudadanos, Pilar Vicente, recordó que hay concejalías que tienen «que ponerse las pilas. Las encabezadas por Toma la Palabra sí que se han coordinado, pero otros casos, como Educación...».
Publicidad
El concejal de Hacienda, Antonio Gato, aseguró que en 2017 se corrigieron «malas prácticas» que según el interventor se cometieron entre 2015 y 2016:se ha aprobado un contrato de mantenimiento de edificios y un acuerdo marco de reparación de vehículos y maquinaria que han permitido reducir el peso de los contratos sin concurrencia. Además, en 2018 se ha iniciado la ejecución de un contrato de alquiler y mantenimiento de fotocopiadoras. El portavoz del PP reclamó al equipo de Gobierno el cumplimiento de la promesa que lanzaron en 2015 de publicar en la web municipal «todas las facturas. Y no han colgado ninguna».
0,99€ primer mes
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión
Te puede interesar
Publicidad
Utilizamos “cookies” propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad, contenidos y servicios personalizados a través del análisis de su navegación.
Si continúa navegando acepta su uso. ¿Permites el uso de tus datos privados de navegación en este sitio web?. Más información y cambio de configuración.