Ayuntamientos y Diputación de Valladolid acumulan 150 millones de superávit

El pacto establece que los ayuntamientos que decidan usar su superávit de 2019 para hacer frente a los efectos de la covid-19 deberán transferir al Ministerio de Hacienda esos recursos. A cambio, el Estado les realizará un préstamo global de hasta 5.400 millones que sería amortizado en 10 años, a partir de 2022. Con un tipo de interés anual que no superará el de la financiación de la deuda del Estado.

Un acuerdo polémico (solo rompió el empate el voto de calidad del presidente de la FEMP, Abel Caballero -Vigo-) que sufrió este miércoles el primer cambio: el Boletín Oficial del Estado amplía la devolución de esos fondos de 10 a 15 años.

Ayuntamientos y diputaciones afinan sus cuentas para fijar esos remanentes (suma del dinero líquido más los cobros pendientes y a los que se restan los pagos pendientes). En la siempre austera Meseta son mayoría abrumadora los municipios que presentan saldos positivos. En 2018, último ejercicio auditado por el Consejo de Cuentas de Castilla y León, el informe concluye que «la práctica totalidad de las entidades locales liquidaron sus presupuestos con remanente positivo (99%)». En total, la cifra de ahorro «se eleva a 1.105,4 millones de euros».

Los datos que hizo públicos el miércoles el Ministerio de Hacienda (siempre de 2018) son algo superiores a los del Consejo de Cuentas y reconoce unos remanentes regionales totales de 1.279 millones (916 millones de los ayuntamientos y 362 de las diputaciones).

Todos los grandes ayuntamientos de la región (más de 20.000 habitantes) y las nueve diputaciones cumplen de sobra con las limitaciones contables que les impuso el duro plan de ajuste de principios de la década en los tiempos del ministro Montoro. Pero, aunque siguen siendo todavía positivos, los números en 2019 y lo que va de 2020 han cambiado mucho.

En Laguna de Duero, segundo municipio de Valladolid, su alcalde, Román Rodríguez, se sorprende de los 11,4 millones de ahorro contable que refleja el último Consejo de Cuentas. Pendiente de cerrar cuentas, calcula que hoy tienen en caja «unos 3,5 millones de euros».

Un pleno aprobó por abrumadora mayoría rechazar la cesión de sus fondos al Estado. «No es justo. Queremos gastarlo sin incumplir la regla de gasto, pero en lo que el Ayuntamiento decida, no con imposiciones», insiste Rodríguez. El edil avanza necesidades como carriles bici o poner al día la potabilizadora municipal.

Otros ayuntamientos grandes consultados también tratan de aclarar sus cuentas, aunque reconocen que el dinero líquido para gastar se ha reducido de forma drástica.

Tampoco se parecen las cifras de la Diputación de Valladolid respecto a los 15 millones que no gastó al acabar 2018. Su diputado de Hacienda, Víctor Alonso, recuerda que ya han usado una gran parte en el Plan de Choque contra la crisis. Calcula que ese remanente no superará hoy los seis millones de euros.

Su área está estudiando la nueva ley para «enviar una circular a todos los ayuntamientos y asesorarles en la aplicación de la norma». Aunque Alonso insiste en todo momento en la «autonomía de cada institución».

Pero todo este acuerdo puede quedar en nada. Debe someterse a una votación de convalidación en el Congreso de los Diputados antes de un mes. El rechazo de gran parte de la oposición (el PP habla de «incautación») indica que no será respaldado.