El Ayuntamiento de Valladolid perderá 5,5 millones al año si se suprime el tributo de plusvalías

La sentencia, que no tiene carácter retroactivo, con lo que lo cobrado hasta ahora sería firme, considera que el cálculo del tributo es inconstitucional, y por tanto nulo, porque «determina que siempre haya existido aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición, con independencia de que haya existido ese incremento y de la cuantía real de ese incremento», según se recoge en el texto de los magistrados.

Así, se grava por defecto la subida del valor de los inmuebles en las operaciones de compraventa, aunque esta no se haya registrado, algo habitual desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. La base imponible de la obligación fiscal, recogida en la Ley de Haciendas Locales y de momento en suspenso, se calculaba en función del valor catastral del bien y del tiempo transcurrido en poder de la parte vendedora o del donante o fallecido, en el caso de donaciones y herencias. Si se trataba de una compraventa, lo abonaba el que lo enajenaba. Si era herencia o donación, lo pagaba el que lo recibía.

La resolución llega, eso sí, en un momento de repunte del mercado inmobiliario, donde ya se empiezan a registrar incrementos en el valor de las viviendas.

El concejal vallisoletano Pedro Herrero matizó que esos más de cinco millones que se esfuman de las cuentas municipales para 2022 no afectarán al presupuesto del próximo ejercicio –380 millones previstos, con 65 de inversión– al haber notificado «hace unos días» el Ministerio de Hacienda la transferencia al Ayuntamiento de una partida de cinco millones del Fondo Complementario de Financiación y Participación en los Tributos del Estado, lo que permitirá mantener el diseño de los presupuestos sin alteraciones.

El edil espera que como ocurrió en 2003 con el IAE, cuando se determinó que no se podía cobrar a las empresas que facturaran menos de un millón de euros, se active algún mecanismo de compensación para los ayuntamientos a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. De hecho, Abel Caballero, alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, anunció que planteará al Gobierno una nueva norma que permita reestablecer este impuesto con «justicia de recaudación».

Los municipios de Castilla y León ingresaron 51,7 millones de euros en 2018 por el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, según los últimos datos que facilita el Ministerio de Hacienda, recogidos por Ical, una cifra que se situó en 55,4 millones en 2017 y en 58,8 en 2016.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública anunció este martes la elaboración de «un borrador legal que garantizará la constitucionalidad del tributo, ofrecerá seguridad jurídica a los contribuyentes y certidumbre a los ayuntamientos», según avanzó el departamento que encabeza María Jesús Montero.