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Lo anticipó este lunes por la mañana Jesús Julio Carnero en su primera rueda de prensa como alcalde y apenas unas horas después el portal web del Ayuntamiento de Valladolid oficializaba ese anuncio: el nuevo equipo de Gobierno derogará la ordenanza de movilidad, responsable ... del desgliegue a partir de 2017 de carriles bici, carriles bus-taxi y de la regulación vigente para la circulación de los vehículos por el centro.
El primer paso, que ya está en marcha, es la apertura del periodo de consulta pública para la participación de los ciudadanos en el proceso de derogación. Se trata de un requisito previo para poder materializar esa anulación y el plazo para canalizar quejas, dudas o cualquier otra sugerencia permanecerá abierto hasta el 30 de junio, el viernes de la semana que viene.
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Susana Escribano
En el documento informativo para la consulta pública previa del proceso, que está disponible en la página web del Consistorio vallisoletano, el nuevo equipo de Gobierno justifica esta decisión en que «recibidas nuevas orientaciones en materia de movilidad, se considera procedente proceder a la derogación de la citada ordenanza con el fin de permitir nuevas determinaciones en materia de movilidad en los ámbitos que la misma contemplaba».
Asimismo, sostienen que el objetivo es «derogar la ordenanza para establecer determinados carriles-bici y carriles bus-taxi con el fin de permitir nuevas orientaciones de movilidad en el ámbito contemplado por la misma».
En cuanto a posibles soluciones y alternativas, el equipo de Carnero defiende que anular esta normativa es la fórmula que permite «dar más libertad a una respuesta diferente a las cuestiones de movilidad que en la misma se contemplaban». Los canales de participación son el registro general del Ayuntamiento, el correo electrónico dmeu@ava.es y en el buzón digital del apartado de reclamaciones y sugerencias de la web municipal.
La actual ordenanza fue aprobada el 5 de julio de 2022, aunque su despliegue fue anterior (entre 2017 y 2020), a raíz de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que anuló las modificaciones de las marcas viales llevaba a cabo en torno a la denominada VA-10, a instancias de un recurso contra las mismas interpuesto por el Partido Popular.
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