El Ayuntamiento saca a la venta los cuatro chalés de Villa Paulita tras 37 años de ocupación irregular

Entonces se pagaron casi 481 millones de pesetas. En la escritura de compraventa figuraba una condición: el oferente y su esposa podrían disfrutar del usufructo gratuito de la vivienda en la que residían (se extinguía con su fallecimiento), pero los otros tres chalés se dejarían libres en diciembre de 1983, algo que no ha ocurrido hasta mayo de 2020. Tres alcaldes –Rodríguez Bolaños, León de la Riva y Puente– han bregado con este asunto, que se complicaba también porque los residentes eran familia de un alto funcionario municipal: el interventor.

Ahora, el Ayuntamiento quiere rentabilizar ese suelo, de 5.923 metros cuadrados, en el que cabrían, según las estimaciones de la Concejalía de Planeamiento Urbanístico, doce viviendas unifamiliares al ser un sector calificado como ciudad jardín en el PGOU. Ya hubo un intento de enajenación en septiembre de 2020, pero nadie respondió a la oferta. Con la pandemia de la covid-19 disparada, el anuncio pasó desapercibido. Según explican en este departamento, una de las cuatro viviendas, construidas entre los años 1962 y 1965, tiene protección estructural y en otra hay que respetar la fachada. Se pueden modificar, aunque hay que respetar ciertos elementos.

En esta historia ha habido muchos capítulos, decenas de requerimientos y también lucha en los tribunales. El primer intento para mantener el uso de esas viviendas por parte de la familia fue ofrecer una permuta de esta finca por otra en la zona de Argales-La Rubia. Esta alternativa se la plantearon a Bolaños en 1988, pero no fue aceptada. Fueron pasando los años, la pelota iba y volvía hasta que en 2002 León de la Riva dictó la primera orden de desalojo. No se logró.

En febrero de 2017 se aceleró el proceso después de que el Ayuntamiento acordara iniciar acciones legales. Los ocupantes presentaron alegaciones con el argumento de que llevan viviendo en esas casas cincuenta años y que en ese periodo habían sufragado el mantenimiento y la conservación de los inmuebles.

Los servicios jurídicos rechazaron que los ocupantes hubieran podido adquirir la propiedad de los chalés por usucapión extraordinaria, una fórmula jurídica que podría convertirles en dueños al haber transcurrido más de treinta años. Los únicos documentos que podían aportar eran los certificados de empadronamiento y los contratos de los suministros, pero no podían acreditar ningún título de propiedad, ya que estaba inscrita a nombre del Ayuntamiento en el Registro y en el Catastro. Tras una resolución judicial que dio la razón al Ayuntamiento, se llegó a un acuerdo entre las partes para que los residentes abandonaran los chalés en mayo de 2020. Esta vez sí se cumplió. El Consistorio espera ahora que la oferta de venta sea bien acogida por las constructoras al ubicarse en una zona atractiva desde el punto de vista inmobiliario.