El Ayuntamiento se hará cargo de la urbanización Santa Ana si los vecinos aportan 300.000 euros

El Ayuntamiento de Valladolid y los representantes de los vecinos de la urbanización Santa Ana –más de 450 chalés situados en el Camino Viejo de Simancas– mantienen avanzadas negociaciones para poner fin a la situación anómala en la que se encuentra este desarrollo. El objetivo es acabar con su deterioro y que, por fin, pase a formar parte de la ciudad y del mantenimiento municipal. La zona se promovió en época de Rodríguez Bolaños bajo la figura urbanística del PAU, un modelo que se planteó para barrios alejados de la trama urbana, que obligaba a que los propietarios de las viviendas asumieran los costes de mantenimiento a través de la denominada entidad urbanística de conservación. Esto no se produjo, el área ya está plenamente integrada en la ciudad y desde hace muchos años el problema colea.

En 2013, el anterior equipo de gobierno, apoyándose en los argumentos de una sentencia, responsabilizó a Vega Sicilia, adjudicataria de la zona en 1991, de los arreglos. Tres años después, en 2016, el actual ejecutivo revocó aquella decisión basándose en la debilidad del argumento que, en su opinión, manejó el Partido Popular. No se ajustaba a derecho al haberse constituido una junta de compensación, lo que suponía una subrogación real de la zona, según consideró Urbanismo. Ahora se entra en una nueva fase.

Según recoge el borrador del convenio que se está redactando y que tendrá que ser aprobado por los residentes, los propietarios de las viviendas de la urbanización Santa Ana tendrían que aportar 300.000 euros en dos años a través de un canon de urbanización o de contribuciones especiales y el Ayuntamiento pondría otros 400.000. Aunque el presupuesto para dejarla en perfecto estado de revista se estima en  873.562 euros, con ese montante de 700.000 se arreglaría el grueso de los desperfectos en las calles, jardines, redes de abastecimiento y saneamiento, alumbrado y señalización.

La otra pata del acuerdo es la asunción por parte del Ayuntamiento de la zona. Se dejaría sin efecto la obligación de constituir una entidad urbanística de conservación y se fijaría con claridad el carácter público de los viales, parques, jardines y demás servicios y dotaciones públicas de la zona. Santa Ana sería ya como cualquier otra urbanización del término municipal, con la excepción de Fuente Berrocal que mantiene la figura del PAU.

Así, el Consistorio asumiría, a partir de la firma, los gastos de mantenimiento integral del área, fijados en un máximo anual de 199.272 euros. Por su parte, los vecinos tendrían que comenzar a pagar los vados de sus viviendas, ya que ahora al tratarse de calles privadas no se abonan. Esto supondría un ingreso a las arcas municipales de 70.000 euros.

El PP cuestionó ayer la «falta de transparencia» en el proceso y aseguró que esta formación presentó una moción hace más de un año para arreglar la situación, que fue rechazada. En Urbanismo contestan que es un proceso de negociación todavía abierto y, por tanto, no hay nada definitivo, por lo que conviene mantener cierta discreción sobre las conversaciones. Recuerdan, además, que el contencioso se arrastra desde hace muchos años sin que hasta ahora se haya producido un acercamiento, como parece estar teniendo lugar en los últimos meses.