La Audiencia de Valladolid condena a dos años de prisión al estafador de mendigos

Con la pena de dos años de prisión se ha conformado Antonio María R. A., de 73 años, el acusado de estafar a entidades bancarias y de crédito utilizando para ello documentos falsificados con los datos personales de sus amigos, mendigos y analfabetos, a quienes desplumó cargando a sus cuentas las deudas de esos préstamos que había solicitado. En la Audiencia de Valladolid la vista ha durado apenas unos minutos, toda vez que la defensa y la Fiscalía han llegado a un acuerdo previo y el encausado ha aceptado no recurrir la sentencia, que ha adelantado de viva voz el magistrado presidente de la Sección Cuarta, José Luis Ruiz Romero, antes de cerrar la sesión.

El fallo le condena, además de a la pena privativa de libertad, a abonar como indemnización un total de 24.960 euros a seis entidades bancarias y de crédito, en cuotas de 100 euros mensuales durante la condena. Esta cuantía se suma a la cantidad, ya consignada antes del juicio por su defensa, de 13.000 euros, que supone el pago parcial del dinero defraudado.

En concreto, deberá abonar las cantidades estafadas a Eurocrédito EFC, Caja de Ahorros de Galicia, Cofidis, Citibank, Bank of America y American Expres. A El Corte Inglés ya le ha pagado la deuda.

Se le impone también inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y siete meses de multa, con cuotas de cinco euros al día y arresto sustitutorio en caso de impago.

La Audiencia de Valladolid había reservado la sala grande por cuatro días para juzgar a Antonio María R. A., de 73 años, acusado de aprovecharse de amigos, parados, analfabetos y mendigos utilizando sus identidades para estafar a entidades bancarias y dejar las cuentas de sus víctimas, especialmente vulnerables, en números rojos. Según la Fiscalía, «guiado por un propósito de obtener un beneficio patrimonial ilícito», el acusado se aprovechó de la confianza y consiguió que estos le autorizaran para utilizar sus cuentas bancarias «así como los datos de identidad y copias de declaraciones tributarias que falsificaba y, mediante firmas simuladas, adquirir bienes muebles con financiación y tarjetas bancarias«.

El encausado realizaba a nombre de ellos operaciones de crédito y después eludía pagar los préstamos y devolver los importes financiados haciendo figurar a las otras personas como deudores. Según el escrito de de la Fiscalía, R. A. habría cometido las estafas entre 2007 y 2010 por valor de más de 44.000 euros. En su informe de calificaciones iniciales, la acusación pública le imputaba cinco delitos continuados de estafa y falsedad en documento privado y mercantil, por los que la Fiscalía solicitaba penas que suman ocho años de prisión, además de una multa de 6.600 euros e indemnizaciones a las entidades financieras perjudicadas de 44.393 euros. En el acuerdo alcanzado entre las partes, el ministerio público ha reajustado la petición de pena y le ha acusado de los delitos de falsedad en documento mercantil, falsedad en documento privado y estafa y ha rebajado la petición de condena a dos años de prisión. También ha aplicado la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas en el procedimiento.

La investigación de este caso arrancó en el año 2010, después de que una de las víctimas, que vivía en una residencia, denunciara que un amigo suyo le había «desplumado». El Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada de Policía Judicial comprobó que el supuesto estafador, «carente de escrúpulos», elegía a sus víctimas entre personas muy vulnerables, como mendigos, parados y analfabetos, a quienes ofrecía ayudarles a gestionar su patrimonio o les envolvía con falsas ofertas de empleo.

El objetivo era conseguir acceder a sus cuentas para luego falsificar documentación. Así, utilizando el nombre de sus víctimas y la documentación falseada a su nombre, solicitaba préstamos y tarjetas de crédito. Luego realizaba compras de productos diversos para después venderlos a terceros. Sus víctimas no sospechaban nada hasta que los bancos iniciaban acciones judiciales contra ellos y los incorporaban a sus listas de morosos. Antonio María R. A. adquirió un coche, muebles, pidió un crédito a Cofidis, solicitó tarjetas Visa y American Exprés y de El Corte Inglés, domicilió pagos...

La primera de las estafas denunciadas se remonta a agosto de 2007, cuando simuló ser Antonio C. G, y aportando una supuesta declaración de la renta a su nombre, Antonio María R. A. solicitó de Cetelem-Eurocrédito un préstamo mercantil con tarjeta de crédito por importe de 12.000 euros. Supuestamente, ese préstamo era para adquirir un coche. Después resultó ser que tal compra no existió, que el vehículo pertenecía a su pareja sentimental. Facilitó un número de cuenta de Caja Navarra para el ingreso del préstamo y dejó pendiente una deuda de 11.396 euros. Para conseguirlo, expone el fiscal, el acusado simuló la firma de su amigo en todos los documentos y para abrir la cuenta presentó un poder notarial de representación que su víctima le había otorgado para otros fines.

En febrero de ese mismo año solicitó una tarjeta de Diners Club bajo esa misma identidad y, además de sacar efectivo de varios cajeros llegó a comprar muebles en un establecimiento de Valladolid por importe de 4.000 euros, dejando un saldo impagado derivado del uso de la tarjeta de 4.450 euros. Pero no solo usó el nombre de Antonio C. G. esos dos años. Con el mismo «modus operandi» usó las identidades de Francisco R. M., Pedro M. M. (que falleció en 2015) y de Eduardo C. O. a quienes les dejó importantes deudas por los impagos de créditos y tarjetas a los bancos.