La Audiencia juzgará por agresión sexual a los padres de la niña intoxicada con 'coca' en Valladolid

En un contexto de gran alarma social se abrieron en agosto de 2017 dos procedimientos judiciales distintos, aunque, ambos, con los mismos protagonistas: N. R. G., de 26 años, y D. V. C., de 32 y con antecedentes, vecinos de la capital vallisoletana y padres de la bebé que dio positivo alto en cocaína. La sustancia tóxica fue detectada en el organismo de la pequeña cuando se le realizaron una serie de pruebas en el Clínico, mientras sus progenitores eran detenidos por la Policía Nacional en medio de acusaciones mutuas de abusos a la menor y violencia de género.

Desde el día después, la pequeña permaneció por orden del juez bajo la guarda y custodia provisional de la Junta y estuvo ingresada en planta en el Clínico, acompañada por la abuela materna y bajo una discreta custodia policial. Posteriormente, la Gerencia de Servicios Sociales determinó poner a la pequeña en manos de una familia de acogida, con la que permanece desde entonces. La niña pudo haber ingerido la droga que se detectó durante las pruebas toxicológicas de manera accidental y fueron los abuelos de la pequeña quienes llevaron a su nieta a que la viera un médico, mientras los padres estaban enzarzados en un cruce de denuncias en la que se estaría utilizando la custodia de la menor como arma arrojadiza en el proceso de separación.

Cómo llegó la cocaína al organismo de la pequeña no es objeto de este procedimiento, relacionado con la grabación en la que aparecen madre e hija y que dio pie a las diligencias que han desembocado en el sumario que verá la Audiencia y por el que se sentarán en el banquillo los progenitores de la niña.

Esta grabación fue entregada a la Policía por el padre para incriminar a su expareja, al parecer, en el marco de una complicada separación. Mientras que el joven acusó a la madre de abusos sexuales, esta le denunció a él por violencia de género. El vídeo, grabado con un teléfono móvil, es la principal prueba de cargo que, junto con las declaraciones contradictorias realizadas por los detenidos respecto de la grabación, llevó al titular del Juzgado de Instrucción 1 de Valladolid a decretar el ingreso en prisión preventiva, comunicada y sin fianza de ambos.

En el transcurso de las diligencias, con el posterior análisis del vídeo, que habría sido grabado unos meses antes, cuando la pareja todavía convivía, habría puesto de manifiesto la participación voluntaria de ambos progenitores. Desde el 11 de agosto de 2017 permanecen encarcelados a la espera de juicio.

El sumario se abrió por agresión sexual a un menor de 16 años (artículo 183.2 del Código Penal) y no por abusos, por lo que el instructor de las diligencias habría considerado que existen indicios de violencia. Se aplicaría también el subtipo agravado de parentesco de manera que, a expensas de las calificaciones de los hechos que realicen las acusaciones, las penas a las que pueden enfrentarse los dos investigados oscilarían entre los nueve y los quince años de prisión.