La Justicia declara nulo el Plan de Movilidad aplicado en el centro de Valladolid, que seguirá vigente

La sentencia, conocida este martes, deja en el aire y, de momento, en situación ilegal, estas modificaciones aplicadas durante la pandemia al considerar que la tramitación es contraria a derecho, ya que se tenían que haber realizado mediante una ordenanza y no con la fórmula del decreto. Este era uno de los argumentos que esgrimía el PP en su demanda. Su proceso de elaboración y aprobación, defendía el grupo de Del Olmo, está reservado al Pleno de la Corporación Municipal, dotándole de mayores garantías de publicidad y audiencia a los administrados, según plateaban.

¿Tendrá consecuencias prácticas esta resolución? Parece que no. El edil responsable del área, Luis Vélez, aseguró que esta regulación del viario seguirá vigente. «No es una sentencia firme y la vamos a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León», anunció, al tiempo que recordó que los populares no utilizaron en veinte años la tramitación como ordenanza para aplicar cambios en la regulación del tráfico. Así, los controles y las posibles multas a los que infrinjan esta ordenación seguirán en pie, según confirmó Vélez.

Pilar del Olmo se felicitó por este «gran varapalo judicial al modelo de ciudad que ha implantado Óscar Puente». «El ideólogo de este invento ya está tardando en dimitir», recalcó. Para el PP, «lo único» que ha hecho el alcalde en seis años se lo han tumbado en el juzgado. «Ha creado malestar e incomodidad a los vecinos: atascos, tráfico lento, embudos, falta de aparcamientos...», subrayó la concejala de la oposición, quien añadía que el PP «tenía razón» y se lo había advertido en bastantes ocasiones a Puente, quien no hizo caso. «Solo espero que no recurran y así evitamos molestias a los vallisoletanos», propuso la presidenta de la formación.

El fallo, que condena en costas al Ayuntamiento de Valladolid (500 euros más IVA), subraya que los cambios realizados en la ciudad durante el año 2020 para priorizar el tráfico de bicicletas y del transporte público, medidas que han provocado rechazo entre ciertos sectores de actividad de la ciudad por las retenciones que se generan a horas punta, no se han aplicado según determina la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Esta norma, sostiene la magistrada Lourdes Prado Cabrero, obliga a que la «ordenación y el control del tráfico en las vías urbanas se debe llevar a cabo mediante Ordenanza Municipal».

La sentencia recuerda que la modificaciones no alcanzan solo a una calle concreta, sino a un total de 21 vías que transcurren por la zona centro. Son «cambios sustanciales» del tráfico rodado en las zonas afectadas, lo que obliga a recogerlos en una norma con ese carácter. De momento, no está previsto iniciar esa tramitación.