Valladolid

Aplazado el juicio contra el hijo y la nuera de la mujer asesinada en la Circular

La Fiscalía de Valladolid pide para Jesús Ángel Aragón Aguña y Cristina Acuña Galán cinco años de prisión y 9.900 euros de multa por un delito de frustración de la ejecución, que consiste en que el deudor crea una situación de insolvencia o la agrava, ocultando o deshaciéndose de sus bienes con el ánimo de perjudicar a sus acreedores, en este caso la Hacienda Pública.

Juntos a ellos, tratantes de ganado, se sentarán en noviembre en el banquillo José Pérez Calleja, pareja de la madre de Cristina, y José Luis Baquero Gutiérrez, para quienes el Ministerio Público solicita penas de dos años de prisión.

El empresario adeudaba a la Hacienda Pública más de 2 millones de euros, la mayor parte de esta cantidad, consecuencia de un expediente de derivación de responsabilidad de las deudas de la sociedad limitada Ganados y Servicios Acuña SL. No era la primera derivación que se realizaba, explica el escrito de la acusación, porque en cuanto se notificaban los acuerdos de inicio de los expedientes, las sociedades cesaban en su actividad y se constituía una nueva que, a pesar de estar configurada y administrada por personas distintas, se dedicaba al mismo negocio y era gestionada por Jesús Ángel con la colaboración de los otros tres acusados.

La Agencia Tributaria también había derivado a la pareja de Jesús Ángel las deudas de otra de las empresas en las que ella figuraba como administradora, la sociedad limitada France Carni Import-Export, de manera, entiende el fiscal, que los dos estaban trabajando con otras sociedades constituidas para evitar esos embargos «circunstancia que era conocida por los otros dos acusados que se prestaron a participar en la creación y actividad de esas nuevas sociedades».

Estas son Terneros Percajo SL, con dos cuentas abiertas a su nombre y Agricultura y Ganadería Castellano Manchega SL que, aunque tiene el domicilio social en Toledo, es titular de tres cuentas corrientes abiertas en sucursales de Valladolid. En dos de estas cuentas, la acusada figura como autorizada, aunque solo es una de ellas la que presenta «movimientos importantes», según refleja el escrito de Fiscalía.

La forma en que el dinero obtenido, por las operaciones comerciales que llevaban a cabo, se dejaba fuera del alcance del principal acreedor, la Hacienda Pública, era el ingreso mediante transferencias o pagarés en las dos sociedades, «en principio no afectadas por las derivaciones de responsabilidad, el reintegro en metálico de esos importes, y en ocasiones el cobro en efectivo a los clientes».

Este juicio ya se suspendió a primeros de mayo en la Audiencia de Valladolid.