Aplazadas las declaraciones de los investigados por ocultar la baja de un maquinista de Renfe

Para esclarecer esos hechos, el juez titular y la acusación particular solicitaron una amplia prueba documental entre la que destacaba el historial clínico del maquinista, así como otros informes a la empresa ferroviaria. Esa trámite, solicitado antes del mes de octubre, aún no ha sido recibida en el juzgado, por lo que en la mañana de este lunes, día en el que se tenía que tomar declaración, se avisó a las partes de la suspensión aún sin fecha, aplazándose la declaración de los tres investigados (el secretario de la sección sindical de SEMAF de Valladolid, el número dos de esa sección sindical y el que por aquel entonces era jefe del área de operaciones de la gerencia servicio público centro-norte de la sociedad mercantil estatal Renfe Viajeros en Valladolid).

Los hechos investigados arrancaron después de que la Fiscalía de Valladolid trasladara al Juzgado de Instrucción número 1 un escrito presentado por el sindicato CGT, que llevaba varios años denunciando estas presuntas irregularidades en los ámbitos sindical y empresarial «sin hallar una respuesta». Antes de remitir el escrito al Ministerio Público, CGT se puso en conocimiento del secretario de la sección sindical de SEMAF del Grupo Renfe de Valladolid, «sin obtener respuesta alguna». Un procedimiento interno que continuó por varios mandos de Renfe, además de ante la comisión del código ético del Grupo Renfe en Madrid.

Esta situación, con anterioridad, se denunció ante la inspección de trabajo, que requirió a Renfe para que aportara los datos laborales de las claves realizadas por los trabajos, «corroborando, a través del programa de gestión denominado 'Copérnico', los hechos denunciados». En ese documento se refleja que un maquinista jefe de tren, en funciones de gestión por libre designación y que anteriormente era representante sindical del SEMAF, «encubrió» al presunto hospitalizado durante esas fechas, con un día de curso de formación, un día de libre disposición del año anterior, trece días de función sindical, 17 días de descansos compensados y 22 días de descanso grafiados. Después del 6 de marzo de 2020, tras una reunión con el Secretario General de SEMAF, pasó a situación de «incapacidad laboral transitoria por enfermedad que se prolongó durante más meses».

CGT puso estos hechos en conocimiento de la Fiscalía de Valladolid el pasado 17 de febrero de 2023 por si pudieran ser constitutivos de infracción penal por una posible falsedad documental que implica un posible fraude tanto a la empresa como a la Seguridad Social, así como a los compañeros al afectarles en el percibo de la prima variable indebidamente cobrada y que se detraen del sueldo de los mismos.

Inicialmente, el Juzgado de Instrucción archivó el caso, aunque nuevamente la Fiscalía presentó recurso de apelación contra el auto por «carencia de motivación», que estimó la Audiencia de Valladolid y que citó para el pasado lunes a los tres investigados.