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El coste de las medidas preventivas por la propagación del coronavirus es a su vez una nueva amenaza para las empresas, en especial para las pequeñas y medianas, que son la mayoría, según ha advertido la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE), que reclama que las restricciones sanitarias contemplen compensaciones que ayuden a mitigar el posible impacto económico que puedan ocasionar.
Para la patronal vallisoletana, la recomendación del Ministerio de Sanidad de aplicar medidas como el teletrabajo o flexibilizar y escalonar los turnos de trabajo para evitar la concentración de personas en un mismo espacio en las empresas, «es algo para lo que muchas no cuentan con medios físicos, además existen materias confidenciales que no deben salir del circuito interno de las organizaciones, y sectores de actividad en los que es imposible su aplicación».
En este sentido reclama que las cuarentenas no sean tratadas como enfermedad común, ya que si la empresa tiene que asumir en solitario el coste de la Seguridad Social, unido a una eventual parada productiva, «va a hacer que muchas no puedan asumirlo y se vean abocadas al cierre».
Esta misma mañana, el ministro de Sanidad ha anunciado que se aprobará un decreto para que todas aquellas bajas laborales de personas que estén en aislamiento preventivo por contagio por coronavirus sean consideradas como enfermedad profesional, de forma que no afecte a sus nóminas.
La CVE alerta, además, de que el cierre generalizado de todas las actividades formativas y extraescolares, provocará un coste importantísimo hacia las empresas que gestionan estas actividades, «que puede trasladar al resto de empresas otros costes y dificultades derivados de trabajadores con dificultades a la hora de conciliar su trabajo con el cuidado de sus hijos durante las horas que deberían estar en el colegio o en sus actividades».
Lass administraciones, según señalan desde la asociación emprearial que preside Ángela de Miguel, debería actuar «de forma coordinada con los agentes económicos y sociales para adoptar medidas que ayuden a mitigar el impacto económico que van a sufrir las empresas» por la crisis sanitaria.
Los empresarios de Valladolid solicitan al Ayuntamiento de la capital «que repiense la actualización de los valores catastrales en el Impuesto de Bienes Inmuebles que el concejal de Planificación y Recursos anunció en el mes de septiembre, o al menos se prorrogue la ordenanza fiscal de 2019», medida que también solicitan a los Ayuntamientos de la Provincia. Asimismo propone estudiar de forma conjunta, en el marco del Diálogo Social, medidas de estímulo que se puedan aplicar desde el Ayuntamiento y la Diputación «para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a mantener el empleo y, en la medida de lo posible, su actividad».
Otra demanda, en este caso al Gobierno central, es la suspensión temporal del techo de gasto para que las administraciones locales puedan tener flexibilidad a la hora de aplicar medidas, como ajustar sus propias tasas, sin afectar al presupuesto.
La CVE solicita al Gobierno que paralice los cambios normativos anunciados en materia de empleo hasta que la situación esté normalizada y que estudie la aplicación de subsidios salariales y otras desgravaciones fiscales que permitan a los trabajadores cubrir sus necesidades y a las empresas les ayude a mantenerse
Se hacen necesarias también, en opinión de la patronal facilidades para la aplicación de Expedientes Temporales de Regulación de Empleo, en condiciones especiales, y que el subsidio que cobren los trabajadores afectados por estos ERTES sea asumido por el Estado y no se descuente de sus días cotizados.
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