Así afectaron en Valladolid las alteraciones del PGOU

Pero, más allá de la vía penal, ¿qué ocurre ahora con las modificaciones introducidas? ¿Afectaron de alguna forma al urbanismo de Valladolid? La sentencia recoge cinco actuaciones destacables en diferentes puntos de la ciudad. Dos referidas a la construcción de viviendas (una de ellas tutelada) no llegaron a consumarse, pero otras tres, sí; se permitió la construcción de un hotel en la antigua harinera La Perla, se derribó un edificio protegido en Bajada de la Libertad y se construyó un aparcamiento en la calle Simón Aranda, en Cáritas.

De la sentencia reciente que condena a los citados miembros de Urbanismo no se derivan responsabilidades de la Administración –salvo que se reclamen más adelante–. Pero el Ayuntamiento intentará reparar en la medida de lo posible algunas de estas actuaciones mediante la revisión del nuevo PGOU. No se trata, según señala el concejal de Planeamiento Urbanístico, Manuel Saravia, de establecer castigos a los propietarios y demoler lo ya consumado (por ejemplo, el aparcamiento de Cáritas), sino de «ordenar de forma adecuada todos los suelos de la ciudad, y también los afectados por la manipulación». Así fueron y así quedarían los cinco casos vinculados al caso del PGOU.

Hubo una solicitud para dar un uso hotelero al edificio de la antigua harinera La Perla, calificado de histórico con uso residencial. La sentencia ha probado que se añadió un párrafo para que este edificio pudiera convertirse en hospedaje. Poco después, se consiguió la licencia para la construcción de un hotel de cinco estrellas, que estuvo funcionando hasta hace un par de años, cuando el negocio cerró. Actualmente está ocupado por un grupo de vallisoletanos que lo han convertido en centro social, denominado La Molinera, como reivindicación para que la ciudad recupere este espacio. El Ayuntamiento ha apostado en el PGOU por calificarlo como edificación singular y por mantener el uso terciario, de forma que sigue siendo hotelero. «No tendría sentido que se volviese a plantear como industria, lo suyo es aprovechar ya lo existente», matiza el concejal Manuel Saravia.

En esta céntrica calle se encontraba un edificio que se consideraba histórico, con protección. La propiedad inició los trámites para demolerlo y construir posteriormente doce viviendas, locales y garajes. Pero necesitaba la descatalogación del edificio, que fue concedida por el pleno en marzo de 2006. Fomento indicó posteriormente que debía realizarse mediante una modificación del Plan General e interpuso recurso. Pese a ello, el Ayuntamiento concedió la licencia y el edificio fue derribado entre noviembre y diciembre de 2006, cuando ya había resolución judicial del TSJ que ordenaba la paralización de dicha demolición. Urbanismo hizo la vista gorda y se lo comunicó a la propiedad cuando ya se había derribado el edificio.

Posteriormente a todo el proceso judicial, un nuevo propietario planteó la modificación del PGOU para eliminar la protección de una fachada que ya no existía, de forma que entre 2016 y 2018 se construyó un nuevo edificio de viviendas que están a la venta. «Una vez demolido el edificio protegido, no tenía sentido que no se edificase en el solar. Se hizo con la vigilancia de Patrimonio», añade Saravia. Al haberse construido hace poco, la ordenación en el PGOU es casi irrelevante, pues no se prevén actuaciones próximamente.

La manipulación en este caso afectó a una parcela del Pinar de Antequera que estaba calificada como industrial. Se añadió en la normativa una salvedad que permitía construir apartamentos tutelados en buena parte del solar. En 2006 se solicitó licencia para construir un complejo asistencial para personas mayores. Se concedió en junio de 2007, pero se presentó un recurso de la Asociación para la Defensa del Entorno Natural del Pinar de Antequera, que prosperó en los tribunales, y el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Valladolid anuló la licencia en diciembre de 2009. Actualmente, se plantea una nueva ordenación de la zona, con un sector de suelo urbano no consolidado de tres hectáreas de ciudad jardín y productivo, donde se deben ceder 5.563 metros cuadrados para espacios libres y equipamiento, además de otras 2,5 hectáreas de sistemas generales.

En los terrenos situados entre las calles José María Lacort y Simón Aranda se manipuló un plano para que un área que era suelo urbano no consolidado (así se aprobó en Pleno) se considerase como consolidado. Con este cambio se eximía a los propietarios, la Fundación Emilio Álvarez Gallegos, de ceder los espacios libres públicos y de equipamiento, así como el 10% del aprovechamiento medio al Ayuntamiento. La propiedad obtuvo en 2007 licencia para demolición de los edificios existentes en las parcelas afectadas y licencia de obra para construir un aparcamiento subterráneo. Tres años después, el TSJ anuló esta operación, aunque la Fundación Emilio Álvarez ya había vendido a otra empresa el subsuelo para construir 400 plazas de garaje. El aparcamiento se construyó y las cocheras se encuentran actualmente en un procedimiento de normalización de fincas, de forma que cuando termine –una vez aprobado el PGOU– se podrán registrar.

En lo que se refiere a los equipamientos públicos que los propietarios deberían haber cedido al Ayuntamiento, el nuevo Plan General establece la cesión de una parcela de equipamiento público de 732,41 metros cuadrados (4.895 edificables) en Simón Aranda, por lo que se recuperan para la ciudad las cesiones que deberían haberse hecho en su día de haberlo tramitado como suelo urbano no consolidado. El Ayuntamiento deberá decidir ahora a qué destina esta céntrica parcela. En este caso, el concejal de Planeamiento Urbanístico precisa que el aparcamiento no es ilegal, sino que lo fue el procedimiento para construirlo. «Y en estos momentos lo más lógico es mantenerlo, no demolerlo, pues acarrearía un largo y costoso proceso, y que el Ayuntamiento reciba una parcela dotacional para compensar lo que no se le dio en su día».

En este caso se modificó un plano que recogía las condiciones de edificación.En virtud de dicha alteración, se podían llegar a construir 124 viviendas frente a las 22 que se podían levantar anteriormente. El PSOE solicitó la nulidad del acuerdo del pleno donde se aprobaba el proyecto para construir 36 viviendas. La licencia fue denegada entonces y los propietarios presentaron una reclamación por ocho millones de euros que el Ayuntamiento rechazó. En el Plan General actual se ordena la zona con la misma edificabilidad que la original de 2004. Los propietarios, para poder construir en un futuro, deberán realizar un estudio de detalle y ceder el 10% del aprovechamiento al Ayuntamiento.