Uno de los dos acusados en paradero desconocido de la 'Drache' pacta con la Fiscalía

Uno de esos dos acusados era Sergio Gairín, que se enfrentaba inicialmente a unas penas de ocho años y medio y recientemente ha acordado 18 meses de cárcel y una multa de 18.000 euros (con arresto sustitutorio de un día por cada 200 euros impagados) al reconocer un delito contra la salud pública por tráfico de sustancias que no causan grave daño a la salud tras la modificación del escrito de acusación de la Fiscalía.

La implicación de Gairín García en la macrocausa, según se recoge en el auto del 20 de enero de 2020 dictado por el juzgado instructor, se resume a la actuación policial en el domicilio del acusado, en la localidad vasca de Lezama. Ese día hallaron en la vivienda 197 plantas que se cortaron y que, según el análisis de varias hojas muestreadas, se trataba de cannabis con un peso neto de 25,91 gramos.

Unas sustancias que según indica el Ministerio Público hubiera alcanzado un valor en el mercado ilícito de 17.864,24 euros al estar destinada la droga a la venta a terceros a cambio de dinero.

Precisamente, Sergio Gairín es uno de los 28 acusados de la operación 'Drache', cuya investigación arrancó en Valladolid en abril de 2019 y finalizó en febrero de 2020 con la detención de 32 personas (16 en el País Vasco, 11 en Valladolid, dos en Sevilla y una en Asturias) y la intervención de 200 kilos de droga valorada en 500.000 euros, cuatro armas de fuego, 45.000 euros en efectivo y 12 vehículos. Las pesquisas se iniciaron con una denuncia anónima en el bar El Rincón del Cómico de Valladolid, como epicentro desde el que se suministraban productos psicotrópicos y estupefacientes tanto en la ciudad como en la provincia.

Las investigaciones realizadas, entre ellas los pinchazos telefónicos, llevaron a Guardia Civil y Policía Nacional de Valladolid a sospechar de la actividad criminal de «mayor alcance» de un grupo dedicado al tráfico de sulfato de anfetamina, heroína, cocaína y cannabis. Unas escuchas que dos abogados de la defensa solicitaron su nulidad en el juicio al «no haber datos objetivos» para decretar esos pinchazos.