El acusado de apropiarse la pensión de su hermana en Valladolid: «Cobro 800 euros, ¿cómo cree que puedo devolverle el dinero?»

El acusado, Mario H. C., no se considera culpable. Por eso no quiso llegar a un pacto con las acusaciones para evitar el juicio, a pesar de que la representante legal de la fundación que tutela a su hermana incapacitada rebajó la petición de pena inicial y asumió la de la Fiscalía, tres años de prisión por apropiación indebida. El encausado, muy nervioso, intentó convencer al tribunal de que el dinero que «de repente» apareció en una cuenta bancaria que había abierto en 2016 «porque la Seguridad Social me lo exigió para cobrar la jubilación» no sabía que era el de la pensión de su hermana, sino que «mi mujer y yo creímos que nos habían concedido alguna ayuda, porque lo habíamos solicitado a la Junta y el Ayuntamiento, no teníamos ingresos».

La fiscal incidió en que no era la primera vez que se juzgaba a H. C. por quedarse con el dinero de su hermana. De hecho, señaló, fue su tutor desde 2000 a 2013 y se le retiró dicha custodia, se le juzgó y condenó a reintegrarle el dinero del que se apropió entonces, aunque de ese todavía no ha devuelto 14.000 euros y tampoco las mensualidades que se ingresaron en 2016, si bien mostró tres recibos al tribunal como comprobantes de pago de parte de las cantidades. «¡Qué más quisiera yo devolverle al dinero a mi hermana, ojalá pudiera! Pero cobro 800 euros, la Seguridad Social me resta 400 y pago 330 de casa, ¿Cómo piensa usted que pudiera devolverlo?«, replicó a la representante del ministerio público.

H. C explicó que en enero de 2016 se había quedado sin negocio y sin vivienda y que «no se encontraba bien». Apostilló además que era su mujer la que se ocupaba de las cuentas «y la que sacaba el dinero con una tarjeta. Yo no sé lo que sacaba». Aseguró desconocer que el Banco de Santander había comunicado al Instituto Nacional de la Seguridad Social el cambio de cuenta para que la pensión de su hermana se pasara a la nueva cuenta abierta por él en 2016. «Eso ha sido un fallo del banco o de quien haya sido, yo no he hecho nada. Y tengo intención de devolvérselo cuando pueda», reiteró el encausado, quien negó haber sido él quien hiciera el cambio de titularidad.

No fue hasta año y tres meses después de que le ingresaran varias mensualidades de la pensión de su hermana en la cuenta de H. C. cuando la Fundación María Josefa Recio (que tutelaba en 2016 a 152 personas, puntualizó la defensa) se percató, al hacer la rendición de cuentas, que dicha pensión no aparecía donde debía estar. La apoderada tutora de la mujer, que ha declarado como testigo, ha indicado que se puso en contacto con la Seguridad Social «pensando que se había producido algún error». Al revisar las cuentas, «vemos que la prestación por hijo al cargo ha desaparecido». La Seguridad Social finalmente se puso en contacto con el banco, quien confirmó que «habían recibido una orden de cambio de domiciliación a otra cuenta que no era de nuestra tutelada«.

Esta testigo ha explicado que la fundación asumió la tutela de la mujer, declarada con incapacidad total, en 2014 y que la relación con la familia de la tutelada era «fluida», incluso cuando «les llamábamos por la anterior deuda y les advertimos que estaban cobrando algo que no era suyo, pero nos decían que no tenían dinero». La apoderada ha subrayado que al matrimonio se les pidió «por favor» que reintegraran las cantidades de 2016 «porque su hermana lo necesitaba, una mujer de más de 50 años, que vive en un centro asistencial y con apoyos de acompañamiento, que además en verano y navidades necesita una plaza en otro sitio. Después de tanta insistencia, nos devolvieron dos cuotas».

La acusación particular, representante de la fundación, mantuvo la petición de la orden de alejamiento de los familiares al centro de la tutelada, porque, ha asegurado la testigo, «cada vez que venían, ella se ponía muy nerviosa porque le decían que si quería que los metieran en la cárcel y eso le causaba problemas emocionales«. También ha dejado caer que pudo ser en una de las vacaciones en las que la familia sacaban a la tutelada del centro cuando pudieron realizar el cambio de domiciliación de la pensión.

Las acusaciones, además de los tres años de cárcel, solicita que se imponga al encausado una indemnización para su hermana de 8.278 euros.