El acusado de apropiarse de 300.000 euros de la sociedad familiar: «La nómina me la puso mi padre»

«Siempre cobraba lo mismo (34.616,40 euros anuales) y solamente subía lo correspondiente del IPC y no todos los años. Eso lo sabía el resto de los socios (también familiares del acusado)», ha recalcado Moyano, que afirmó percibir esa cantidad al ser el gerente de la sociedad familiar, pues los estatutos reflejan que las funciones de administrador son de carácter gratuito. «Como administrador no he cobrado ni un cenicero. Todo lo que ingresé fue como gerente. Todos lo sabían al ser mis únicos ingresos», ha proseguido.

Un trabajo que desempeñó hasta el 13 de septiembre de 2018, día en el se formalizó el cese del cargo como administrador. «El motivo fue que creían que no se llevaban bien las cosas. Durante todo el tiempo, las nóminas las elaboraba las misma persona que estaba con mi padre y que siguió con nosotros después de su muerte», añade en su declaración César Moyano, quien empezó a trabajar en la explotación agraria de su padre a principios de los años 80 y que continuó una vez que se formalizó la sociedad. «Preparaba las siembras y las cosechas. Iba todos los días menos los sábados y los domingos, mientras que en verano estaba allí siempre desde mediados de junio hasta finales de agosto de todos los años», ha recalcado el acusado.

En esa cantidad se suman los gastos personales, que el acusado presuntamente abonó con la tarjeta de la mercantil o directamente domiciliados a una de las cuentas bancarias y que ascienden a 40.428 euros al estar incluidos el alquiler de un garaje para uso personal, así como centenares de compras en establecimientos hosteleros o supermercados entre el 2013 y el 2018.

«Teníamos tres coches de empresa y móviles y cuyos gastos corrían a cargo de la sociedad. Se pagaba la plaza de garaje del vehículo que utilizaba yo y las de mi hermana, así sucedía antes de la muerte de mi padre y después. Hay gastos personales que aboné con la cuenta de la empresa, pero que luego liquidaba con mi nómina. De hecho, cuando me cesaron, pagué alrededor de 9.000 euros que son los que debía por esos asuntos. Evidentemente, también entregué las llaves del coche al ser de empresa. Desde entonces no he vuelto a tener conocimiento de cómo va la sociedad y eso que pedí documentación que no se me ha proporcionado», ha declarado César Tamayo.

Por estos hechos, el acusado se enfrentaba inicialmente a una pena de cinco años de cárcel (tres años por el delito de apropiación indebida y otros dos por falsedad documental), una multa de 6.480 euros y una indemnización en concepto de responsabilidad civil a la mercantil Jaramiel de 294.315 euros.